Esta semana, la Cámara de diputados aprobó el pago a los holdouts. A través de esta ley se autoriza el pago de una deuda, que actualmente se encuentra en manos de distintos fondos, y que el Estado argentino arrastra desde hace 25 años.
Con este acuerdo dejamos atrás una de las crisis económicas y políticas más graves de nuestra historia. Un tiempo en el que el gobierno manejó de manera irresponsable las cuentas aumentando el déficit, sosteniendo un régimen de convertibilidad con un BCRA saqueado y un nivel de deuda que se volvió impagable. Todos conocemos cómo terminó esta película: default de la deuda, fin de la convertibilidad, devaluación y una pesificación asimétrica de los depósitos bancarios en moneda extranjera, violando brutalmente los derechos de propiedad de todos los argentinos.
Durante los primeros 10 años después del default se pagaron deudas con los bonistas extranjeros, quedando un remanente de tenedores de deuda fuera de este acuerdo. Esto terminó siendo discutido en tribunales internacionales generando fallos con sentencia firme perjudiciales para nuestro país. El Grupo Bainbridge y el grupo encabezado por Attestor aceptan una quita superior al 30% sobre sumas reclamadas en sentencias firmes bajo jurisdicción estadounidense. El acuerdo impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta completar la operación.
El gobierno de Javier Milei se hace cargo y honra las deudas pero esto no es suficiente. Solucionar los problemas del pasado no garantiza que estos puedan volver en el futuro. El presidente Milei y todo su equipo económico sabe que la única manera para que la Argentina no caiga en un nuevo espiral de deuda, es no generando más deuda. Para esto, es indispensable mantener el superávit fiscal y financiero. Sin gastar más de nuestros ingresos es como garantizamos no generar nuevas deudas para nuestras futuras generaciones de argentinos.
Durante el debate de esta ley en Diputados se escucharon decir muchas barbaridades. Una de las más resonantes es que se les paga a los fondos buitres cuando se posterga mejorar la vida de los jubilados, estudiantes y trabajadores. Incluso una diputada calculó cuánto le correspondería a cada jubilado si en lugar de pagar la deuda, se repartiera entre ellos.








