La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de suspender, hasta que exista sentencia definitiva, los efectos del DNU 62/2025. La medida había prohibido que menores de dieciocho años accedieran a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas con el fin de adaptar su cuerpo a una identidad de género autopercibida. La Cámara revocó el rechazo de primera instancia y volvió a habilitar el régimen anterior mientras continúa el juicio. Esto es un retroceso durísimo en la defensa de los más vulnerables.
Hay que decirlo sin dudar: la decisión judicial deja nuevamente expuestos a niños y adolescentes a intervenciones médicas con consecuencias, en muchos casos, irreversibles. El decreto buscaba restablecer el sentido común: fijar un límite firme frente a los tratamientos hormonales e intervenciones irreversibles de cambio de sexo en menores de edad. Antes de los dieciocho años, el Estado debe proteger y preservar la integridad física, sexual, psíquica y moral de los argentinos.
Durante años, la vigencia de la Ley de Identidad de Género de 2012 introdujo en la Argentina una agenda extranjera en la que abandonamos la biología. Pero cuando este experimento cultural traspasó los límites de la minoría de edad, el asunto cobró la dimensión de una tragedia de salud pública. La Ley fue mucho más lejos de lo que la gente conoce. El artículo 11 permitía que los menores accedieran a tratamientos hormonales con el consentimiento de padres o tutores y también contemplaba cirugías, en este último caso con intervención judicial. Además, obligaba al sistema público, a las obras sociales y a las prepagas a garantizar esas prestaciones e incorporarlas al Plan Médico Obligatorio. No estamos hablando de una discusión ideológica, sino de una ley, una política financiada por todos los argentinos.
Cuando salió el DNU, los progresistas primero denunciaron que se estaban suprimiendo derechos. Después dijeron que el Gobierno prohibía algo que, supuestamente, no ocurría. Los propios expedientes judiciales que frenaron el DNU lo desmienten. Un caso involucró a un adolescente que había recibido bloqueadores hormonales desde los doce años y luego testosterona a partir de los quince; otro, a uno de diecisiete que ya recibía testosterona y tenía indicada una mastectomía. La Justicia ordenó continuar o cubrir ambas prácticas. Sí ocurrían intervenciones en menores.
