La Justicia suspendió el DNU que prohibía tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo en menores, reabriendo un debate sobre evidencia, consentimiento y protección infantil.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de suspender, hasta que exista sentencia definitiva, los efectos del DNU 62/2025. La medida había prohibido que menores de dieciocho años accedieran a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas con el fin de adaptar su cuerpo a una identidad de género autopercibida. La Cámara revocó el rechazo de primera instancia y volvió a habilitar el régimen anterior mientras continúa el juicio. Esto es un retroceso durísimo en la defensa de los más vulnerables.
Hay que decirlo sin dudar: la decisión judicial deja nuevamente expuestos a niños y adolescentes a intervenciones médicas con consecuencias, en muchos casos, irreversibles. El decreto buscaba restablecer el sentido común: fijar un límite firme frente a los tratamientos hormonales e intervenciones irreversibles de cambio de sexo en menores de edad. Antes de los dieciocho años, el Estado debe proteger y preservar la integridad física, sexual, psíquica y moral de los argentinos.
Durante años, la vigencia de la Ley de Identidad de Género de 2012 introdujo en la Argentina una agenda extranjera en la que abandonamos la biología. Pero cuando este experimento cultural traspasó los límites de la minoría de edad, el asunto cobró la dimensión de una tragedia de salud pública. La Ley fue mucho más lejos de lo que la gente conoce. El artículo 11 permitía que los menores accedieran a tratamientos hormonales con el consentimiento de padres o tutores y también contemplaba cirugías, en este último caso con intervención judicial. Además, obligaba al sistema público, a las obras sociales y a las prepagas a garantizar esas prestaciones e incorporarlas al Plan Médico Obligatorio. No estamos hablando de una discusión ideológica, sino de una ley, una política financiada por todos los argentinos.
Cuando salió el DNU, los progresistas primero denunciaron que se estaban suprimiendo derechos. Después dijeron que el Gobierno prohibía algo que, supuestamente, no ocurría. Los propios expedientes judiciales que frenaron el DNU lo desmienten. Un caso involucró a un adolescente que había recibido bloqueadores hormonales desde los doce años y luego testosterona a partir de los quince; otro, a uno de diecisiete que ya recibía testosterona y tenía indicada una mastectomía. La Justicia ordenó continuar o cubrir ambas prácticas. Sí ocurrían intervenciones en menores.
Tampoco es cierto que la cautela del Gobierno sea un “capricho” argentino. Las revisiones sistemáticas más completas disponibles concluyen en la falta de investigación de calidad sobre bloqueadores y hormonas masculinizantes o feminizantes en adolescentes. Para los bloqueadores, no pueden extraerse conclusiones firmes sobre disforia, salud mental, desarrollo cognitivo o fertilidad. Para las hormonas, la evidencia sobre beneficios psicológicos es limitada y principalmente de corto plazo; persisten incertidumbres sobre fertilidad, huesos y efectos cardiometabólicos.
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires también manifestó en 2025 que no avala estos tratamientos en menores y recomendó un abordaje integral, centrado en los niños, sus familias, los vínculos y el acompañamiento de los servicios de salud mental.
Por eso países como Reino Unido, Suecia y Finlandia que habían avanzado con estas políticas empezaron a dar marcha atrás. Inglaterra dejó de ofrecer bloqueadores como tratamiento rutinario y restringió su provisión a menores después de considerar insuficiente la evidencia sobre seguridad, riesgos, beneficios y resultados. En 2026, el NHS también pausó el inicio de nuevas prescripciones de hormonas masculinizantes y feminizantes mientras continúan las investigaciones sobre sus efectos. Suecia, dada la incertidumbre científica, reservó estas intervenciones para circunstancias excepcionales.
El sufrimiento de un adolescente con disforia es real y merece respeto. Por eso no podemos dejarlos a merced de políticas ideologizadas que promueven el cambio de sexo. La ansiedad, la depresión, la angustia y el suicidio adolescente nos tiene que hacer abrir los ojos. Muchos jóvenes derivados a estos servicios presentan además problemas de salud mental. Reducir todo ese dolor a un cambio de identidad construido mediante fármacos o cirugías es condenar la vida de los jóvenes.
La Cámara presentó la prohibición como una restricción absoluta y una lesión al principio de no discriminación. Pero la igualdad no obliga a ofrecer cualquier intervención médica reclamada; obliga a proteger con especial cuidado a quienes todavía no poseen plena madurez. El activismo judicial vuelve a colocar la ideología por encima de la prudencia médica y del deber estatal de protección de los niños. No estamos discutiendo cómo deben vivir los adultos. Estamos discutiendo si un menor puede consentir plenamente tratamientos que alteran su desarrollo sexual, comprometiendo su fertilidad o produciendo cambios corporales permanentes. Primero se protege al niño; con la mayoría de edad, cada persona es responsable de sus decisiones.
El DNU 62/2025 de Javier Milei fue una decisión correcta, médicamente prudente y políticamente necesaria. ¿Quién se va a hacer cargo por los efectos de estas políticas cuando decisiones tomadas durante la adolescencia ya no puedan revertirse?
La suspensión de la medida presidencial no representa un triunfo de la ideología sobre el sentido común. Un fallo judicial no puede sustituir la evidencia científica ni convertir a los niños en rehenes de causas ideológicas.
Proteger a los menores de edad de decisiones que exceden su capacidad de discernimiento es la primera obligación de las familias y el Estado. La judicialización de este decreto muestra cuán lejos estamos de haber ganado esta batalla. Pero las sentencias pueden suspender un decreto pero no pueden suspender la verdad. Estamos convencidos de que esto no va a quedar así, más temprano que tarde, la evidencia científica, la prudencia y el sentido común volverán a ponerse del lado de quienes más necesitan ser protegidos: los niños.
