Nadie ignora que la presión fiscal argentina es una de las más altas del mundo y, para peor, retribuye con pocos, malos y a veces innecesarios servicios, a quienes lo sufrimos, o sea, el 100% de la población.
La epopeya del presidente Javier Milei contra ese robo permanente, es paradigmática y empieza a dar resultados, porque cada día más impuestos nacionales son suprimidos o comienzan a bajar, tendiendo a cero. Algo que se hace dentro de lo posible, ya que existen en paralelo muchas actividades que el Estado, o sea la gente, debe pagar, precisamente con impuestos.
Pero existen dos sectores de gravámenes que pasan políticamente desapercibidos pero pesan sobre la gente, los productores y los consumidores: por un lado los impuestos y tasas provinciales, que varían de lugar en lugar y alcanzan máximos disparatados. Y por otro, las tasas municipales.
Por iniciativa de la diputada Patricia Vásquez, desde LLA proponemos una Ley Marco, que aplicando las reglas establecidas por la Corte Suprema, nos proteja a los habitantes de la voracidad fiscal de muchas municipalidades que aún hoy inventan gravámenes inadmisibles, de montos disparatados, a veces sin ninguna contraprestación.
No se trata de invadir la autonomía municipal, sino de someterla a las Declaraciones, Derechos y Garantías que nos amparan a las personas. La autonomía municipal no es absoluta ni permite cualquier cosa, y por eso una Ley Marco es tan necesaria como constitucional por los arts. 5, 17, 28 y 31 de la Carta Magna.
En materia impositiva deben siempre, todos, respetarse el derecho de propiedad y los principios de legalidad, de razonabilidad de las cargas públicas y de no confiscatoriedad.
