Queda neutralizada la voluntad e influencia electoral de un espectro de más de tres millones de electores de derecha, sumados los aproximadamente 850.000 miembros de las fuerzas en todos los niveles de gobernabilidad.
Si algo caracteriza a la policía y las fuerzas de seguridad en general es su altísima homogeneidad ideológica: son todos de derecha. No obstante, no votan. No participan en el proceso electoral, esto se explica por dos razones: la primera, la ausencia de una cultura del voto, precarizados laboralmente al extremo y marginados de la vida política y la participación institucional, se acostumbraron a no votar. Nunca fueron incorporados al proceso democrático como sujetos de derechos, sino al solo efecto de actuar como sus custodios.
La segunda razón, se explica por la ocurrencia general de que los días de las elecciones deben trabajar y no les permiten votar, aunque tengan la voluntad de hacerlo las autoridades electorales no los incorporan al listado de electores de los colegios o establecimientos donde deben desempeñarse laboralmente, prohibiéndoles de esa manera la emisión del sufragio.
Vemos, entonces, como queda neutralizada la voluntad e influencia electoral de un espectro de más de tres millones de electores de derecha, sumados los aproximadamente 850.000 miembros de las fuerzas en todos los niveles de gobernabilidad y en todas las situaciones de revista, multiplicados por cuatro, por el núcleo familiar.
Hay otro factor que debemos mencionar al describir el ecosistema policial, tienen altas tasas de suicidios. Solo en la Provincia de Buenos Aires, es de cuatro a cinco veces más alta que la del promedio de la sociedad. Son más los policías que fallecen como consecuencia de suicidios, que los caídos en cumplimiento del deber. Si bien la problemática de los suicidios es multicausal, resulta claro el impacto causado por la precarización laboral en el desgaste psíquico de los policías. No obstante, nunca escuchamos a ningún organismo de derechos humanos, partido de izquierda o a los gobernadores peronistas y radicales de siempre, pronunciarse y ofrecer soluciones sobre la epidemia de suicidios policiales. La explicación es simple, no constituyen su electorado. Los suicidios de los electores de derecha no poseen relevancia para la casta.
Emerge, entonces, un interrogante, cómo revertir esta coyuntura, qué medidas serían idóneas y viables de adoptar para mejorar el proyecto de vida de las fuerzas e involucrarlas en política, de manera colectiva y orgánica, por primera vez, dentro del marco de la democracia.
La propuesta es sindicalizarlos. Un sindicato es un instrumento rector para garantizar derechos correlativos, tales como la negociación colectiva, el derecho a huelga, la tutela sindical, una herramienta para denunciar la expoliación laboral y las órdenes ilegales sin verse expuestos a sanciones o, incluso, la pérdida de la carrera.
Ahora bien, debemos enfrentarnos a una cruda verdad: no nos gustan los sindicatos, desde siempre, son parte del problema. Lo sabemos todos, y en esa línea el gobierno nacional impulsó la ley bases y la reforma laboral, tímidos pero bienvenidos primeros pasos.
Lamentablemente, no hay plan B, dada la coyuntura jurídica argentina, la única opción razonable es que el gobierno nacional otorgue la inscripción gremial a los sindicatos policiales que existen, de facto y literalmente, en todas las jurisdicciones del país. Es la única facultad que posee el ejecutivo nacional, de manera unilateral, para incidir en la cuestión.
El derecho laboral es derecho de fondo, es decir, corresponde al gobierno nacional resolver sobre la materia, art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional. Además, esta medida no implicaría ninguna erogación presupuestaria para el gobierno nacional y es un proceso susceptible de ser regulado y conducido. Lejos de una perspectiva maniquea, resulta viable el reconocimiento gradual y paulatino, con diferentes grados de cristalización, del derecho en las distintas provincias que componen al país.
La alternativa sería depositar las expectativas en que las legislaturas provinciales sancionen una ley que reconozca la agremiación de las fuerzas, un delirio. Responden a los gobernadores quienes perderían poder económico y político por doble vía, primero, ‘serían responsables de la financiación de los derechos emergentes de la libertad sindical; segundo, se verían privados de los ingresos derivados de los esquemas de recaudación ilegales encargados, contra su voluntad, a los policías.
En la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 95.000 policías, siendo la fuerza más numerosa del país, abundan los antecedentes de participación policial en mecanismos de recaudación ilegal, siendo sancionados los policías que se niegan a participar en los mismos. El gobernador Axel Kicillof esconde el escandaloso problema de la inseguridad debajo de la alfombra, permite que los policías desarrollen su labor en condiciones de precariedad, no destinando partidas presupuestarias acordes a las necesidades operativas de la provincia y soslayando su incidencia en la calidad del servicio de seguridad ciudadana. Darle un sindicato a la “bonaerense” sería una bomba atómica para Kicillof y sus aspiraciones presidenciales.
Dicho esto, y conscientes de la carga simbólica disvaliosa que caracteriza a los sindicatos, resulta menester apelar al pragmatismo recuperando la figura del sindicato como instrumento que posibilitaría reconfigurar las condiciones de trabajo y el régimen de organización de las fuerzas, con la teleología de que se vean involucradas en actividades políticas. Concretamente, les permitiría mejorar sus remuneraciones salariales y establecer jornadas laborales más razonables, más liquidez en el bolsillo y mayor disponibilidad horaria, condiciones necesarias para que desarrollen su potencial político y electoral.
Asimismo, resulta ilustrativo indagar en el derecho comparado, acerca de cuál ha sido el temperamento adoptado por otros países con relación a los derechos políticos de sus policías. Vemos entonces que casi todos los países europeos tienen a sus policías sindicalizadas, ocho de los cuales incluso les reconocen un derecho, condicionado, a la huelga; sumados a Estados Unidos, Canada, Sudáfrica, Kenya, Mozambique, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Bangladesh, Costa Rica, el servicio penitenciario de Colombia, entre otros.
Además, existen organizaciones sindicales policiales supranacionales, tales como EuroCOP (European Confederation of Police) e ICPRA (International Council of Police Representative Associations), que funcionan como estructuras similares a las Naciones Unidas. De hecho, ICPRA es miembro con voz y voto de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
En el Mercosur podemos mencionar a Uruguay, que tiene un sistema de policía única, la Policía Nacional, sindicalizados desde el 2009 y Brasil que, al igual que nosotros, tienen un modelo de policía descentralizado, siendo tres federales (Policía Rodoviaria, Policía Penal y Policía Federal), de las cuales la Policía Federal está sindicalizada, y dos estaduales, la Policía Militar y la Policía Civil, estando esta última sindicalizada en las 27 jurisdicciones que componen la República Federativa de Brasil.
Asimismo, las tasas de afiliación a los sindicatos policiales en estos países superan largamente al promedio histórico de afiliación gremial general de Latinoamérica que oscila entre el 25-30%. Por ejemplo, en Uruguay la tasa de afiliación es mayor al 80%, en Costa Rica cercana al 50%, en Colombia el servicio penitenciario tiene una tasa de afiliación de entre el 70-80%.
Y, en todos estos países, podemos observar con meridiana claridad como luego de haberse sindicalizado, los policías conformaban con celeridad partidos políticos y competían electoralmente. De esta manera, vimos en Estados Unidos a la FOP (Fraternal Order of Police), el sindicato policial más grande del Mundo, sosteniendo la campaña de Donald Trump; vimos a los sindicatos policiales brasileros como COBRAPOL (Confederação Brasileira dos Policiais Civis), apoyando a Jair Bolsonaro y también alcanzaron decenas de legisladores en el Congreso Federal y las legislaturas estaduales, las denominadas “bancada da bala”; a la APN (Alliance Police Nationale) francesa impulsar políticas gubernamentales de control de la inmigración; al SUPU (Sindicato Unificado Policial Uruguayo) apoyar a Lacalle Pou, entre otros ejemplos. Siempre hacia la derecha.
La experiencia comparada no solo nos permite observar que este fenómeno ya constituye una realidad en todas las latitudes y altitudes del Mundo, sino que, además, en nuestra región se produjo un quiebre de paradigma jurídico normativo del derecho internacional público. Concretamente, la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), emitió la Opinión Consultiva (O.C.) 27/2021, donde estableció que los Estados que hayan ratificado la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), entre ellos Argentina, tienen el “deber” de reconocer a sus fuerzas policiales el derecho humano a la libre agremiación, esta es la nomenclatura utilizada por la Corte.
Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son jurídicamente vinculantes para el Estado argentino, por aplicación del control de convencionalidad, bajo riesgo de ver comprometida su responsabilidad internacional.
Ya son siete los sindicatos policiales y/o penitenciarios argentinos que presentaron una petición ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) solicitando se pronuncien sobre su derecho a la libertad sindical, siendo que en enero del año en curso, fue declarada admisible por la CIDH la primera de esas peticiones. De las 32 sentencias contenciosas condenando al Estado argentino en las cuales se pronuncio la Corte IDH, solo una no fue cumplida (Fontevecchia/Dámico). Con esa estadística resulta difícil imaginar que, tarde o temprano, algún gobierno nacional no cumpla con una sentencia de la Corte IDH.
También hay que mencionar que la jurisprudencia de la Corte IDH es unidireccional, es decir, una vez que fijaron posición sobre determinada temática, nunca ha pasado en su historia que hayan modificado esa posición, razón por la cual no resulta plausible que al dictar sentencia se aparten de la OC 27/2021. Que, a su vez, esta O.C. fue solicitada a la Corte IDH por la CIDH, es decir, que fue una especie de bajada de línea al interior del sistema interamericano en la exégesis de la temática.
Tengo que decirlo, esto ya pasó. La policía argentina va a tener un sindicato. La pregunta ya no es más si pueden o no, sino sobre límites y alcances, si huelga si o huelga no, plazos y, fundamentalmente, quién lo va a capitalizar políticamente.
Hablamos de un reclamo que tiene más de setenta años de trayectoria e involucra a un colectivo, siendo conservadores, de más de tres millones de personas. Estamos hablando de un hecho histórico con mayúscula, hablamos del primer sindicato libertario de la historia y de resignificar el concepto de lealtad, reconociéndoles derechos a personas que siempre fueron precarizados. Sin dudas, la jugada política de la década.
Inteligencia es anticiparse. El gobierno nacional debería anticiparse a lo inevitable y capitalizar electoralmente esta nueva configuración como sujeto histórico de la policía. Continuar haciéndose los distraídos y que el día de mañana la sentencia de la Corte IDH sea implementada por un gobierno peronista, sería la peor de las pesadillas.
Más aún, cuando nuestro presidente Javier Milei ya se pronunció en varias ocasiones a favor del empoderamiento de las fuerzas policiales y de seguridad, y así también sentó su posición con relación a los sindicatos, afirmando que filosóficamente no se oponía a que existan, sino que su oposición radicaba en combatir la corrupción sindical.
Aún las corrientes liberales acérrimas, que se oponen a toda forma de expresión de derechos colectivos, reconocen como excepción al empleado público, debido a la asimetría de poder que enmarca la relación Estado-empleado.
Que no se malinterprete, no sostengo que la totalidad de los policías argentinos se afiliarán y votaran a Javier Milei, es probable que un porcentaje conforme sus propios partidos políticos y presenten sus propias listas de candidatos, pero está claro que la impronta ideológica será de derecha.
La multiplicidad y proliferación de partidos políticos de derecha sería bueno, en grado superlativo, para LLA. Verbigracia, cuando inauguran un Burger King al lado de un Mcdonalds, algún distraído podría creer que sería perjudicial para Mcdonalds, más competencia y menos ventas, pero las estadísticas desmienten este prejuicio, está probado que aumentan las ventas para ambas empresas, debido a que los consumidores ya no ven solo un McDonalds y se preguntan si se detendrán o no a comer, sino que ven dos locales de comida y la pregunta que se hacen es en cuál de los dos se detendrán a comer.
No les voy a explicar a los lectores de este diario de qué manera funciona el libre mercado, solo quisiera resaltar que, aunque la policía no se afilie en su totalidad a LLA, al permitirles la agremiación el efecto logrado a nivel praxis política, será el de correr el arco ideológico nacional hacia la derecha y, en ese caso, ganamos todos.
