Un sector de la policía se acuarteló en Rosario y dejó al descubierto una crisis de conducción del gobernador Pullaro.
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Un sector de la policía de Santa Fe protagonizó este martes un acuartelamiento parcial en la ciudad de Rosario, luego de una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La medida derivó en la negativa de al menos 20 patrulleros a salir a recorrer las calles durante la madrugada, número que hacia las 9 de la mañana se había ampliado a unos 60 móviles.
La respuesta del gobierno provincial fue agresiva e inmediata: retiro de armas reglamentarias y chalecos antibala, y pase a disponibilidad de los efectivos involucrados. En paralelo, el Ejecutivo dispuso el traslado de policías desde otras localidades y solicitó el refuerzo de fuerzas federales.
Protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario
El detonante: una muerte que el gobierno no supo prevenir
La protesta se reavivó durante la noche del lunes y la madrugada del martes, con una nueva manifestación de familiares y allegados de policías frente a la jefatura rosarina. Allí, se registraron incidentes y represión con gas pimienta.
El conflicto tiene como detonante la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, oriundo de Vera, quien falleció tras haberse disparado días antes en la puerta de la sede policial.
"Pullaro asesino de policias" recitan los carteles en las protestas.
El caso de Valdez expuso una problemática estructural dentro de la fuerza: largas jornadas laborales, traslados de hasta 500 kilómetros para prestar servicio en Rosario y un régimen de 12 horas de trabajo.
Regresar desde Rosario a Vera implica recorrer 501 kilómetros y más de ocho horas de viaje, lo que consume gran parte del tiempo de descanso. Hasta la semana pasada, además, el alojamiento y la comida debían ser costeados por los propios policías.
Un plus tardío que no resolvió la crisis y un Gobierno que descuidó a la policía
Durante el fin de semana, el Gobierno anunció un plus salarial de $500.000 para los efectivos que trabajan en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros. Lejos de descomprimir la situación, la medida confirmó que el Ejecutivo reaccionó tarde, cuando el conflicto ya estaba desbordado.
La protesta continuó con nuevas manifestaciones de familiares y allegados frente a la jefatura. Estas terminaron en incidentes y represión con gas pimienta, profundizando aún más el malestar dentro de la fuerza.
La crisis dejó expuesta una responsabilidad directa del Gobernador Pullaro. Su gestión se basó en un discurso de orden y seguridad, sin embargo, descuidó las condiciones humanas y laborales de quienes deben garantizarla.
Cada vez más policias amotinados frente a la jefatura
Mientras el Ejecutivo Provincial exhibía estadísticas de baja del delito, la situación interna de la policía se deterioraba: desarraigo, agotamiento, falta de contención y un drama silencioso que hoy sale a la luz.
Según datos de la Fiscalía de Rosario, 17 efectivos se suicidaron en 2025, más de uno por mes. El dato es aún más grave si se tiene en cuenta que no hubo bajas policiales por enfrentamientos con el crimen organizado: el mayor riesgo para los agentes está hoy dentro de la propia institución, producto de una conducción política fallida.
El gobierno evita la autocrítica
El Ministro de Seguridad provincial, Pablo Coccocioni, reconoció el conflicto pero buscó desviar el eje de la discusión al denunciar supuestas maniobras desestabilizadoras. “Se fueron sumando grupos con acciones violentas y antijurídicas, sembrando fake news y buscando desestabilizar la seguridad de la provincia”, afirmó el funcionario.
Ministro de Seguridad provincial, Pablo Coccocioni
El acuartelamiento parcial, la necesidad de recurrir a fuerzas federales y el colapso interno de la policía dejan una conclusión contundente: la política de seguridad de Santa Fe entró en crisis bajo la conducción de Maximiliano Pullaro.
Se trata del resultado de decisiones políticas concretas, de un modelo que exigió resultados sin cuidar a quienes debían garantizar el orden. La responsabilidad es directa, personal y política. Y el costo, hoy, lo paga toda la provincia.
