La cifra escalaría más de un millón y medio. Salta, por su ubicación, seria de los principales puntos de ingreso.
La severa crisis política, económica y social que sacude a Bolivia amenaza con desencadenar una ola migratoria sin precedentes hacia la Argentina. Estimaciones recientes anticipan que al menos 500.000 ciudadanos bolivianos podrían ingresar al país en los próximos meses, y que el número total podría superar el millón y medio entre 2025 y 2027. La provincia de Salta aparece como uno de los principales puntos de ingreso, dada su cercanía geográfica con el país vecino.
El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, observa con atención el fenómeno migratorio en la región. Si bien la estabilidad alcanzada por la actual administración ha mejorado la imagen del país en comparación con sus vecinos, se reitera que la prioridad son los argentinos; un ejemplo es el caso de Buenos Aires donde se comenzó a cobrar la atención médica en hospitales estatales a los extranjeros que no cuenten con DNI argentino, medida también implementada en provincias como Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza
La situación en Bolivia es crítica. El país sufre escasez de alimentos y combustibles, bloqueos de rutas, inflación desbordada y una aguda crisis energética. La caída sostenida en la producción de gas natural, principal motor económico boliviano durante años, ha desestabilizado toda su estructura productiva. A esto se suma una marcada escasez de dólares, que impacta negativamente las operaciones bancarias y comerciales. El dólar paralelo en Bolivia ya se encuentra un 70% por encima del tipo de cambio oficial.
Mientras tanto, las protestas masivas y bloqueos se repiten en ciudades clave como El Alto y Santa Cruz, paralizando la vida cotidiana y empujando a miles a buscar alternativas en el exterior. Según el Censo Nacional 2022, ya residían en Argentina casi 2 millones de inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen. La posibilidad de un nuevo ingreso masivo genera preocupación en las provincias del norte, que podrían ver tensos sus servicios de salud, educación y seguridad.
