Hasta el momento hay diez imputados y siete detenidos en una causa que destapó maniobras delictivas con lotes en Córdoba
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La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, encabezada por Nelson Lingua, dispuso este viernes un allanamiento en las oficinas municipales de Villa Giardino. La medida se dio en el marco de una investigación por la venta irregular de lotes en distintas localidades de la provincia.
El procedimiento se realizó sin incidentes y con colaboración de empleados y funcionarios municipales. Según se indicó, se solicitó y constató información con empleados y funcionarios municipales, aunque no se secuestró documentación o dispositivos electrónicos.
Tribunales Federales de Cosquín
“Durante la mañana nos sorprendió un allanamiento. No tenemos conocimiento de la causa, pero la Municipalidad respondió a todos los requisitos de la Fiscalía en el marco de la investigación de una venta de lotes de un loteo ubicado en el límite del barrio Santa Cecilia y La Cumbre, por una cuestión entre privados que data de octubre de 2024”, afirmó a Radio La Minga Luis Delsemme, integrante de la Secretaría de la Intendencia.
La causa surgió a partir de denuncias de vecinos afectados y fue impulsada en 2023 por la fiscal Paula Kelm, que abrió las primeras actuaciones. Desde entonces, la investigación sumó diez imputados, de los cuales siete permanecen bajo detención preventiva. Entre ellos figura el ex director de la Policía Caminera, lo que derivó en un fuerte impacto político e institucional.
Los delitos bajo análisis son múltiples e incluyen estafas, falsificación de documentos, coacción, robo y daños vinculados a la venta de terrenos. En estos meses se concretaron distintos operativos en localidades de Colón, San Alberto, San Javier y Punilla. Según la fiscalía, los damnificados aún no pueden ser precisados, ya que el número de afectados continúa en evaluación.
Paula Kelm, la fiscal que impulsó la causa en el 2023
Vínculos con la red de la Caminera
Este procedimiento se dio tras el escándalo por la detención del jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, a fines de junio. La investigación paralela que lidera el fiscal Guillermo González detectó un nexo con un civil cordobés ligado a la organización de Cosquín. Esa conexión permitió identificar a efectivos con acceso a bases de datos oficiales que eran utilizados con fines ilegítimos.
En junio se realizaron once allanamientos en simultáneo en Córdoba Capital y en otras localidades como Unquillo, La Calera y Huerta Grande. Allí se secuestraron computadoras, celulares, armas, dinero y documentación vinculada a la red de estafas. González confirmó que se analizan más pruebas y evitó dar mayores precisiones por el secreto de sumario vigente.
Según la acusación, la estructura utilizaba información pública para cobrar deudas, fijar honorarios o actuar en defensas judiciales por fuera de la ley. El uso de antecedentes penales y bases oficiales era parte central del esquema. Para los investigadores, el aprovechamiento de funciones públicas con fines privados es uno de los puntos más graves de esta causa.
