La CIDH busca inmiscuirse en la justicia cordobesa por el uso de la prisión preventiva

Se habla de una supuesta vulneración a la presunción de inocencia, sin considerar que toda medida cautelar exige fundamentos específicos y control judicial. Que algunos detenidos reconozcan delitos bajo presión es una acusación grave que debe probarse, no simplemente afirmarse. Este tipo de generalizaciones socavan la confianza en el sistema penal y en sus operadores.

Una ofensiva ideológica contra la justicia provincial desde un organismo internacional

Los denunciantes cuestionan también el uso de la figura de asociación ilícita, sin admitir que su aplicación se ajusta a casos con múltiples imputados y organización previa. La referencia al fallo Estancanelli se cita fuera de contexto, olvidando que la Corte Suprema no prohíbe su utilización, sino que exige ciertos requisitos. El planteo desconoce, abiertamente, la autonomía provincial para administrar su sistema penal.

Critican que los fiscales dicten la prisión preventiva, pese a que una acordada del TSJ dejó sin efecto una ley aún no implementada por falta de recursos. Sin embargo, esto ocurre dentro del marco institucional y legal de Córdoba, y no es competencia de un organismo extranjero. La intervención de la CIDH excede lo que debería ser una discusión interna del federalismo argentino.

El Comité contra la Tortura también participará, aunque sus informes muestran datos de contexto que no prueban violaciones sistemáticas ni prácticas inconstitucionales. Hablar de tortura por coacción procesal desvirtúa el verdadero significado de ese delito y banaliza situaciones graves. Córdoba necesita resolver sus problemas de manera autónoma, no someterse al escrutinio de organismos internacionales ideologizados.