Protagonizó un accidente en el que falleció una mujer de 63 años murió en la Ruta Provincial 6, cerca de Justiniano Posse.
La Legislatura de Córdoba tiene como antecedente suspender a sus integrantes que estén imputados, como ocurrió en el caso de Oscar González, imputado por un trágico siniestro vial en las Altas Cumbres.
A fines de noviembre de 2022, había sido el radicalismo el que impulsó la suspensión de González, que se formalizó a la semana siguiente.
La Fiscalía de Instrucción del 2 turno de Bell Ville, a cargo de Isabel Reyna, imputó al legislador por la Unión Cívica Radical Carlos Briner por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria.
Actualmente, el legislador se encuentra de licencia hasta el 2 de julio.
La decisión se vincula con el accidente donde falleció una mujer de 63 años murió en la Ruta Provincial 6, cerca de Justiniano Posse.
El siniestro se produjo pasadas las 20, a la altura del kilómetro 178, en el tramo que conecta con la Ruta Provincial 3.
Se lo apartó "hasta tanto la Justicia se pronuncie con sentencia firme”.
Por ahora no hay pedidos en ese sentido respecto del legislador Briner, quien está de licencia desde mayo, cuando protagonizó el siniestro vial, y se reincorporará el 2 de julio.
Antes de ser legislador, el radical fue intendente de Bell Ville y acompañó a Ramón Mestre como candidato a vicegobernador en 2019.
Según se informó en su momento, cuando se produjo el accidente Briner “venía a una velocidad reglamentaria porque venía atrás de otro auto; obviamente no había tomado una gota de alcohol”.
El legislador venía de la localidad de Pascanas, donde había compartido actividades con la vicegobernadora Myrian Prunotto.
La fiscalía investiga las causas en las que la camioneta Ford Territory manejada por Briner colisionó con un Chevrolet Onix en el que viajaba la víctima.
Briner está imputado en tenor al artículo 84 bis del Código Penal, que establece que quien cause la muerte de otra persona por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años.
