El cierre del período legislativo 2025 en la provincia de Córdobaexpone una marcada concentración de poder político en el oficialismo. La Unicameralaprobó un total de 1.883 proyectos, pero apenas 64 de ellos fueron leyes con impacto directo en la vida de los ciudadanos. Los datos oficiales revelan que la agenda parlamentaria estuvo concentrada casi exclusivamente en las necesidades del Ejecutivo local.
La actividad del recinto se caracterizó por un alto volumen de declaraciones simbólicas que sumaron 1.603 textos sin efecto legal alguno. Las resoluciones aprobadas fueron 216 y muchas de ellas se destinaron a validar nombramientos judiciales solicitados por el poder central. Esta dinámica burocrática relega el debate de fondo y convierte al poder legislativo en una escribanía que ratifica decisiones externas.
De las 64 leyes sancionadas un total de 43 tuvieron su origen directo en el Ejecutivo o en el bloque oficialista que responde al gobierno provincial. El control sobre el temario es absoluto, ya que apenas 9 pedidos de informes lograron sortear el bloqueo de la mayoría en las comisiones. El resto de las iniciativas de fiscalización fueron enviadas al archivo impidiendo que la ciudadanía conozca el destino de los fondos.
El cierre del período legislativo 2025 en la provincia de Córdoba expone una marcada concentración de poder político en el oficialismo.
Hegemonía política y gasto público
La baja calidad institucional se profundiza con la práctica sistemática de bloquear los proyectos que no provienen del oficialismo actual. Las iniciativas de otros sectores políticos suelen ser absorbidas o copiadas por el bloque mayoritario para presentarlas como propias luego. Esta metodología impide la pluralidad de voces y anula la posibilidad de construir consensos reales en beneficio de los contribuyentes.
El presupuesto legislativo también refleja un incremento notable en partidas que no están vinculadas a la función técnica de hacer leyes. El gasto en el concepto de cortesía y homenaje ascendió a 335,9 millones durante el 2025 para financiar placas banderas y servicios de ágape. La previsión para el año 2026 eleva esta cifra a 506,2 millones lo que implica un aumento del 50% en gastos de dudosa utilidad pública.
El gasto en el concepto de cortesía y homenaje ascendió a 335,9 millones durante el 2025
Justicia y falta de transparencia
El cierre del año legislativo estuvo marcado por fuertes tensiones en torno a los pliegos de nombramientos para el Poder Judicial. La aprobación de 91 designaciones de magistrados y funcionarios generó serios cuestionamientos sobre la independencia real de los poderes. El balance final muestra una institución costosa que produce pocas normas sustantivas y funciona como un apéndice administrativo del gobierno.
De las 64 leyes sancionadas un total de 43 tuvieron su origen directo en el Ejecutivo o en el bloque oficialista
