La Derecha Diario Córdoba: Proponen coartar la libertad de tránsito frente al aumento de la inseguridad
El legislador Rodrigo Agrelo impulsa una medida polémica que replica el modelo aplicado en Villa Allende.
El legislador provincial Rodrigo Agrelo presentó un proyecto de ley que permitiría cerrar calles en barrios de Córdoba. La medida busca mejorar la seguridad mediante clausuras provisorias, coordinadas con la Policía provincial. La propuesta se inspira en lo aprobado por el Concejo Deliberante de Villa Allende, donde hubo protestas y una férrea resistencia.
Según Agrelo, la inseguridad convirtió la vida barrial en una pesadilla, con delincuentes dueños de calles y plazas. Propone cierres temporales, habilitados en horarios específicos, para dificultar delitos como los arrebatos en moto. “El narcotráfico está avanzando en Córdoba, esto es una herramienta paliativa”, argumentó el legislador.
Cerrar las calles ¿es la solución a la inseguridad?
El proyecto prevé que si un 10% de vecinos lo pide, se habilita un registro; si el 40% se opone, se frena la medida. Agrelo cree que esto resguarda el disenso, y que los cierres optimizan la seguridad que ya pagan los vecinos. Sin embargo, se advierte que vulnera derechos fundamentales como la libre circulación garantizada por la Constitución.
Una solución que no soluciona nada
La experiencia de Villa Allende mostró que estos bloqueos no son fáciles de implementar ni sostenibles en el tiempo. Las resistencias fueron muchas, y el intendente debió enfrentar reclamos por decisiones poco consensuadas. El propio Agrelo admitió que la solución de fondo requiere inteligencia criminal, no vallas ni candados.
La medida termina afectando más a los ciudadanos comunes que a los delincuentes, que mutan sus métodos. El proyecto traslada la carga del combate al delito a la gente, mientras la gestión provincial y municipal siguen gastando fondos en sus megaestructuras burocráticas. Se trata más bien de una respuesta desesperada y desproporcionada a un problema real.
Los pasos que siguen
Una vez presentado el proyecto en la Legislatura, su tratamiento dependerá de la agenda legislativa y los intereses políticos de los espacios que la conforman. El oficialismo provincial, que cuenta con mayoría, será clave para definir si la iniciativa avanza o queda archivada sin debate. Dirigentes vinculados al radicalismo, PRO, Coalición Cívica o Frente Cívico, no se han manifestado al respecto hasta el momento.
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