La Legislatura de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse una lista con 23 contratos, entre ellos el de Virginia Martínez, la llamada “empleada fantasma”. En ese grupo figuran otras 22 personas cuyos vínculos con el Estado no fueron investigados. El fiscal Anticorrupción Franco Mondino cerró la causa sin avanzar sobre esas designaciones.
De acuerdo con Perfil Córdoba, la lista fue incorporada al expediente pero sin que se citara a declarar a los contratados ni a las autoridades que los aprobaron. El decreto, firmado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, detalla nombres y tareas poco compatibles con funciones legislativas. La falta de control judicial alimenta sospechas de un manejo discrecional de fondos públicos.
El caso, que comenzó como una tentativa de cobro irregular en el Banco de Córdoba, derivó en una investigación acotada solo a tres personas: Martínez, Kraisman y Castro. Mientras los dos últimos fueron elevados a juicio, la funcionaria señalada obtuvo una falta de mérito.
Contratos bajo sospecha
Los documentos entregados por la Legislatura detallan contrataciones desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025. Entre los firmantes figuran personas dedicadas a oficios ajenos al ámbito estatal, como un productor agropecuario, un mensajero y un reparador automotriz. Según el portal de Datos Abiertos, 14 de ellos continúan trabajando como asesores.
Pese a la evidencia, Mondino no impulsó nuevas medidas ni pidió informes sobre las funciones cumplidas por esos contratados. Tampoco indagó si existieron controles administrativos en la aprobación de los vínculos. La omisión dejó sin respuesta un posible esquema de designaciones por compromiso político.
Un antecedente de inacción judicial
No es la primera vez que Mondino enfrenta críticas por su falta de avance en causas sensibles. La legisladora Luciana Echevarría había pedido un jury por su “inacción” en la investigación de las declaraciones juradas del exvicegobernador Oscar González. Su pasado como asesor legislativo refuerza las dudas sobre su independencia.
El caso de la “empleada fantasma” expone nuevamente una trama de contrataciones opacas y controles débiles. Mientras los acusados esperan juicio, la lista de asesores no investigados sigue siendo un punto ciego para la Justicia y un reflejo de la falta de transparencia en la política cordobesa.
