La Legislatura de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse una lista con 23 contratos, entre ellos el de Virginia Martínez, la llamada “empleada fantasma”. En ese grupo figuran otras 22 personas cuyos vínculos con el Estado no fueron investigados. El fiscal Anticorrupción Franco Mondino cerró la causa sin avanzar sobre esas designaciones.
De acuerdo con Perfil Córdoba, la lista fue incorporada al expediente pero sin que se citara a declarar a los contratados ni a las autoridades que los aprobaron. El decreto, firmado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, detalla nombres y tareas poco compatibles con funciones legislativas. La falta de control judicial alimenta sospechas de un manejo discrecional de fondos públicos.
