El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba no autorizó una licitación del Ministerio de Seguridad para adquirir equipamiento tecnológico. La operación implicaba un desembolso de fondos públicos cercano los US$ 7 millones. El rechazo se fundamentó en la falta de competencia y transparencia en el proceso administrativo.
El expediente objetado agrupaba 29 contrataciones diversas en un único renglón de compra. Esto obligaba a un mismo proveedor a suministrar desde drones y antenas hasta software y capacitación. Esta modalidad impidió la participación de múltiples empresas especializadas en cada rubro.
La licitación contaba con un único oferente, la UTE Vantac SAS-Huinoil SA, y estaba preadjudicada desde septiembre de 2025. Beltrán Corvalán, titular del organismo, calificó el procedimiento como un "traje a medida". Aseguró que el expediente administrativo estaba "flojo de papeles" para una erogación millonaria.
