El Tribunal de Cuentas objetó el pliego por agrupar 29 contrataciones en un solo renglón. La oposición denunció un "traje a medida" en el diseño del pliego.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba no autorizó una licitación del Ministerio de Seguridad para adquirir equipamiento tecnológico. La operación implicaba un desembolso de fondos públicos cercano los US$ 7 millones. El rechazo se fundamentó en la falta de competencia y transparencia en el proceso administrativo.
El expediente objetado agrupaba 29 contrataciones diversas en un único renglón de compra. Esto obligaba a un mismo proveedor a suministrar desde drones y antenas hasta software y capacitación. Esta modalidad impidió la participación de múltiples empresas especializadas en cada rubro.
La licitación contaba con un único oferente, la UTE Vantac SAS-Huinoil SA, y estaba preadjudicada desde septiembre de 2025. Beltrán Corvalán, titular del organismo, calificó el procedimiento como un "traje a medida". Aseguró que el expediente administrativo estaba "flojo de papeles" para una erogación millonaria.
La operación implicaba un desembolso de fondos públicos cercano los US$ 7 millones.
Un pliego único y excluyente
La oposición sostiene que el diseño del pliego restringió arbitrariamente la libre concurrencia de oferentes. Argumentan que se debió dividir la compra para conseguir mejores precios en el mercado. Compararon la situación con comprar "café y lapiceras" en un mismo bloque indivisible.
Desde el Ejecutivo provincial defendieron la unificación de los ítems alegando razones técnicas. Argumentan que la tecnología requiere una integración total para evitar fallas de compatibilidad. Sostienen que la falta de experiencia local justifica un servicio "llave en mano".
El proyecto original contemplaba la creación de la División Svant con 15 unidades aéreas de alta complejidad. Incluía sistemas de reconocimiento facial y vehículos de control terrestre. Todo este equipamiento quedó en suspenso tras la observación de los vocales opositores.
Desde el Ejecutivo provincial defendieron la unificación de los ítems alegando razones técnicas.
Posible judicialización del proceso
El conflicto administrativo podría derivar en una denuncia penal por parte del Tribunal de Cuentas. Las autoridades de control evalúan acudir a la justicia si insisten con licitaciones dirigidas. Consideran que el Estado no puede validar procesos sin garantías de competencia.
Para destrabar la situación, se sugirió realizar un nuevo llamado dividiendo los renglones de la compra. Otra alternativa mencionada es el uso de partidas de gastos reservados.
El expediente objetado agrupaba 29 contrataciones diversas en un único renglón de compra.
