Según la fiscalía, accedían a bases de datos oficiales para realizar maniobras ilegales. Se habrían realizado acuerdos extrajudiciales por deudas, defensas penales y fijación de honorarios. Esta práctica vulnera la ética profesional y el deber público de los uniformados.
La organización habría operado de forma sistemática, según las pruebas reunidas. Se trataría de una red interna que aprovechó su poder e información sensible. Las acusaciones golpean de lleno la legitimidad de la institución y exponen una aparente corrupción enquistada en la cúpula policial.













