Está acusado de liderar una red delictiva junto a policías, abogados y civiles con acceso a información reservada.
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La Justicia ordenó la detención del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán. Está acusado de coacción, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita en calidad de jefe. El fiscal Guillermo González lidera una investigación que apunta a una red delictiva dentro de la fuerza.
Llama la atención que Maximiliano Ochoa Roldán había sido ascendido apenas el lunes pasado. Hasta diciembre de 2024 se desempeñaba como secretario privado del actual jefe de la Policía de Córdoba, Hector Gutiérrez. Su reciente promoción, en vísperas del escándalo, plantea interrogantes sobre el nivel de conocimiento y responsabilidad dentro de la cúpula policial.
Jefe de la Polícia Caminera de la Provincia de Córdoba, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán.
También fue ordenada la detención de su hermano, el policía Gastón Ochoa Roldán. La causa incluye delitos como peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. La situación generó un fuerte sacudón en la estructura de la seguridad provincial.
El operativo incluyó allanamientos en La Calera, Cosquín y la misma Jefatura de Policía. Allí se recolectaron pruebas clave que comprometerían a altos mandos. La gravedad del caso desató una crisis interna en la fuerza y encendió alarmas en el Gobierno provincial, quienes rápidamente se desentendieron del caso.
Este sería un caso que expone una aparente corrupción enquistada en la cúpula policial.
Una trama de abogados, uniformados y datos reservados
El caso involucra a otros policías, abogados y un civil acusado de coacción, Gabriel Burkhard. Entre los implicados también figuran el comisario inspector Leonardo Javier Torres y el inspector Martín Darío Heredia. Ambos pertenecen a áreas estratégicas de la Policía Caminera.
Según la fiscalía, accedían a bases de datos oficiales para realizar maniobras ilegales. Se habrían realizado acuerdos extrajudiciales por deudas, defensas penales y fijación de honorarios. Esta práctica vulnera la ética profesional y el deber público de los uniformados.
La organización habría operado de forma sistemática, según las pruebas reunidas. Se trataría de una red interna que aprovechó su poder e información sensible. Las acusaciones golpean de lleno la legitimidad de la institución y exponen una aparente corrupción enquistada en la cúpula policial.
Accedían a bases de datos oficiales para realizar maniobras ilegales
Reacción oficial y conferencia de prensa anunciada
Este viernes se espera una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Lo acompañarán el fiscal Guillermo González y el comisario general Alberto Viete. Las autoridades brindarán detalles sobre la causa y las medidas adoptadas.
El gobierno provincial se enfrenta a una crisis de confianza en el seno de la fuerza policial. La gravedad de los hechos refuerza el reclamo por una depuración profunda.
La investigación continúa y no se descartan más detenciones. La causa podría escalar en los próximos días a medida que se analicen nuevas pruebas. La sociedad espera explicaciones y acciones concretas ante este golpe a la institucionalidad.
Se habrían realizado acuerdos extrajudiciales por deudas, defensas penales y fijación de honorarios.
