El costo del servicio de agua en Córdoba sigue escalando. Aguas Cordobesas pidió un nuevo aumento superior al 8%, que llevará el incremento acumulado del año a más del 30%. Pero detrás del tarifazo, el dato más preocupante es que el Estado se queda con una porción cada vez mayor de lo que pagan los vecinos.
Según un informe reciente, de cada 100 pesos de una factura, 33 terminan en manos de la Provincia y la Municipalidad. Las boletas incluyen aportes al IVA, contribuciones provinciales y tasas locales que nada tienen que ver con la prestación del servicio. Así, el agua se transforma en una vía indirecta de recaudación política.
Los usuarios pagan 21 pesos en impuestos nacionales, otros 10 por el canon provincial de uso del recurso, 4 por Ingresos Brutos y 1,20 pesos por la tasa del Ersep. Además, el Municipio retiene 16 pesos por una contribución “para infraestructura sanitaria”, concepto que permanece desde hace años sin revisión ni control efectivo.
Aguas Cordobesas pidió un nuevo aumento superior al 8%, que llevará el incremento acumulado del año a más del 30%.
Cargos que persisten pese a la prohibición nacional
Al asumir la presidencia, Javier Milei dispuso que los gobiernos locales no pudieran incluir tasas o tributos ajenos al servicio dentro de las facturas. La medida buscó frenar la costumbre de camuflar impuestos detrás de conceptos administrativos. Sin embargo, varios municipios apelaron la norma y lograron mantener el esquema de cobros.
Córdoba capital fue una de las que resistió esa disposición. La Municipalidad obtuvo un fallo que le permitió conservar la contribución por infraestructura sanitaria dentro de la boleta de agua. En los hechos, esto implica que los usuarios continúan financiando el gasto político mediante un servicio esencial.
La práctica es cuestionada por organizaciones de defensa del consumidor, que sostienen que el agua se ha convertido en un “impuesto líquido”. Los cargos se presentan bajo nombres técnicos que dificultan identificar qué parte de la factura corresponde al consumo real.
El Municipio retiene 16 pesos por una contribución “para infraestructura sanitaria”
Audiencia pública y nuevo ajuste tarifario
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) convocó a una audiencia pública para tratar el pedido de aumento del 8,3% presentado por Aguas Cordobesas. De aprobarse, el ajuste se sumará a las subas de enero y junio, que ya habían elevado el servicio un 21% en total.
La empresa, controlada por el Grupo Roggio, argumenta que el incremento responde a mayores costos operativos y de mantenimiento. Pero la discusión de fondo pasa por la estructura impositiva que infla las tarifas antes de llegar al bolsillo del vecino. El Estado cobra más por administrar que por garantizar agua potable.
Con cada ajuste, la factura se vuelve un compendio de tributos, tasas y aportes que poco tienen que ver con la prestación. En lugar de mejorar la eficiencia o revisar el gasto, las autoridades locales mantienen intacto un modelo donde el ciudadano paga mucho y recibe poco.
El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) convocó a una audiencia pública para tratar el pedido de aumento del 8,3% presentado por Aguas Cordobesas.
El peso del Estado en cada servicio básico
El caso del agua refleja una tendencia más amplia: el uso de los servicios públicos como herramienta de recaudación permanente. Más del 55% de lo que paga un usuario de Aguas Cordobesas se destina a impuestos y cargos políticos, no al servicio.
Esa estructura contradice el principio de transparencia fiscal impulsado por el Gobierno nacional. Mientras Milei busca desarmar los privilegios del gasto público, los gobiernos locales sostienen sus cajas a través de mecanismos ocultos. El agua, que debería ser un bien esencial, se convirtió en otro impuesto obligatorio.
Para los hogares cordobeses, el resultado es un servicio cada vez más caro y menos transparente. El Estado, lejos de aliviar la carga sobre el ciudadano, la profundiza con cada factura. En Córdoba, abrir la canilla es también financiar al poder político.
La Municipalidad obtuvo un fallo que le permitió conservar la contribución por infraestructura sanitaria dentro de la boleta de agua.
