En medio de un contexto de reformas profundas, ciertos sectores del periodismo tradicional vuelven a activar el engranaje judicial para atacar al gobierno nacional. Esta vez, el blanco es Daniel "El Gordo Dan" Parisini, un influyente comunicador libertario cercano al presidente Javier Milei, cuya figura ha crecido al calor del nuevo paradigma de comunicación política directa y sin intermediarios.
El denunciante es Fernando Míguez, autodefinido como 'periodista e investigador', y presidente de una ONG denominada 'Fundación por la Paz y el Cambio Climático', Ante la Cámara Federal, Míguez acusa a Parisini de incitación a la violencia e intimidaciones públicas, en base a declaraciones críticas hacia los periodistas Baby Etchecopar, Gabriel Levinas y Roberto Cachanosky, todos conocidos por sus posturas abiertamente hostiles al gobierno nacional.
La supuesta amenaza, en realidad una expresión retórica pronunciada en redes sociales, menciona que habría que meter preso a algún periodista por decreto, como hizo Alfonsín, en referencia a un episodio de 1985 donde el expresidente radical actuó por decreto sin pruebas contundentes, sin vinculación directa con periodistas.
Míguez, sin embargo, pretende llevar el caso al plano internacional, involucrando incluso a organismos como el FBI y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, invocando una supuesta “violencia institucional” y lo que define como “corrupción estructural del crimen organizado desde el Estado”. Una acusación gravísima, sin pruebas fehacientes, y que parece más un acto de propaganda personal que un reclamo judicial legítimo.
