En medio de un contexto de reformas profundas, ciertos sectores del periodismo tradicional vuelven a activar el engranaje judicial para atacar al gobierno nacional. Esta vez, el blanco es Daniel "El Gordo Dan" Parisini, un influyente comunicador libertario cercano al presidente Javier Milei, cuya figura ha crecido al calor del nuevo paradigma de comunicación política directa y sin intermediarios.
El denunciante es Fernando Míguez, autodefinido como 'periodista e investigador', y presidente de una ONG denominada 'Fundación por la Paz y el Cambio Climático', Ante la Cámara Federal, Míguez acusa a Parisini de incitación a la violencia e intimidaciones públicas, en base a declaraciones críticas hacia los periodistas Baby Etchecopar, Gabriel Levinas y Roberto Cachanosky, todos conocidos por sus posturas abiertamente hostiles al gobierno nacional.
El irónico posteo de Dan en X.
La supuesta amenaza, en realidad una expresión retórica pronunciada en redes sociales, menciona que habría que meter preso a algún periodista por decreto, como hizo Alfonsín, en referencia a un episodio de 1985 donde el expresidente radical actuó por decreto sin pruebas contundentes, sin vinculación directa con periodistas.
Míguez, sin embargo, pretende llevar el caso al plano internacional, involucrando incluso a organismos como el FBI y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, invocando una supuesta “violencia institucional” y lo que define como “corrupción estructural del crimen organizado desde el Estado”. Una acusación gravísima, sin pruebas fehacientes, y que parece más un acto de propaganda personal que un reclamo judicial legítimo.
El escrito solicita una batería de medidas cautelares desproporcionadas, como allanamientos a Parisini, secuestro de armas que no se sabe si posee, y una orden de restricción para que no se acerque a los periodistas mencionados. Todo esto basado únicamente en declaraciones en redes sociales, sin sustento material alguno.
La 'denuncia' redactada contra Dan.
Citando los artículos 149 bis y 209 del Código Penal, Míguez busca imponer una narrativa persecutoria contra un ciudadano cuya única "falta" ha sido decir en voz alta lo que muchos argentinos piensan: que parte del periodismo actúa como un actor corporativo, obstruyendo los esfuerzos del gobierno más exitoso en materia de saneamiento económico, baja de inflación y reinserción del país en los mercados internacionales.
Lo que se intenta presentar como una incitación a la violencia no es más que un comentario irónico en el marco del debate público, propio de una democracia donde la libertad de expresión no puede ser monopolizada por los grandes medios ni por periodistas que operan políticamente. La verdadera amenaza no es un tuit irónico, sino el intento sistemático de deslegitimar a quienes se animan a decir la verdad.
