El Gobierno Nacional destrozó a Axel Kicillof luego de que el Ministerio de Salud bonaerense celebrara los 14 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. La respuesta oficial llegó en medio de una fuerte crisis del sistema sanitario provincial, marcada por deudas millonarias, prestaciones suspendidas y reclamos de afiliados de IOMA.
Desde la Oficina de Respuesta Oficial cuestionaron que la Provincia de Buenos Aires decida poner el foco en la agenda de género mientras el Instituto Obra Médico Asistencial arrastra serios problemas de funcionamiento. Según señalaron, IOMA mantiene una deuda que supera los $9.400 millones solo con el Hospital Garrahan y otros $6.000 millones con hospitales de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y SAMIC.
El planteo del Gobierno expuso una contradicción central de la gestión bonaerense: mientras miles de afiliados reclaman por demoras en medicamentos de alto costo, cirugías suspendidas o reprogramadas y problemas en prestaciones de discapacidad y TEA, la administración de Kicillof elige celebrar una normativa que obliga al Estado a financiar tratamientos hormonales e intervenciones vinculadas a la identidad de género.
El contraste con la política del Gobierno Nacional fue otro eje del mensaje. La Casa Rosada remarcó que su postura se basa en priorizar la evidencia científica y la protección de los menores. En ese sentido, recordó que por decreto se modificó la Ley 26.743 para prohibir intervenciones irreversibles y tratamientos hormonales en menores de 18 años.
La decisión del Ejecutivo nacional marcó una diferencia clara frente al enfoque promovido por el kirchnerismo bonaerense. Para el Gobierno, los menores no están en condiciones de tomar decisiones médicas irreversibles que puedan condicionar su vida adulta, por lo que el Estado debe actuar con prudencia antes que con dogmatismo ideológico.
