Hay un plazo improrrogable hasta el 30 de junio para regularizar las rendiciones o reintegrar los fondos no ejecutados.
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Una auditoría realizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología identificó que 672 universidades y organismos científicos adeudan rendiciones por más de $33.000 millones. La investigación fue formalizada a través de la Resolución N.º 10/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para revisar y reordenar el uso de fondos públicos asignados al sector científico.
Entre las entidades con mayores montos pendientes figuran prestigiosas universidades nacionales y organismos provinciales. El relevamiento se enmarca en la política de racionalización del gasto público impulsada desde la asunción del presidente Javier Milei.
Universidades entre las principales deudoras
Según la documentación oficial, las instituciones con mayores montos sin justificar son:
Universidad Tecnológica Nacional (UTN): $902.715.606
Universidad de Buenos Aires (UBA): $896.272.705
Universidad Nacional Arturo Jauretche: $683.308.996
También figuran: La Plata, Hurlingham, UNSAM y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, todas con montos superiores a $430 millones
El Gobierno otorgó un plazo improrrogable hasta el 30 de junio de 2025 para regularizar las rendiciones o reintegrar los fondos no ejecutados, incluyendo intereses generados por eventuales colocaciones financieras.
El Gobierno exige devolución de fondos científicos no rendidos por 670 universidades
Reestructuración y baja de programas
Además de exigir la rendición o devolución de fondos, la resolución determina:
La baja de convenios vencidos del Programa Federal Construir Ciencia y del COFECyT
La eliminación del programa de subsidios institucionales a entidades privadas
El fin del Programa de Subsidios Extraordinarios, con un ahorro proyectado de $491 millones
Entre los proyectos eliminados se incluyen iniciativas vinculadas a líderes sociales y cooperativas:
Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros: $6.400.000
Federación de Cooperativas de Trabajo Evita: $7.750.121
Asociación Civil Néstor Vive Varela: $10.000.000
Abuelas de Plaza de Mayo: $39.955.000 para diseño museográfico
También fue suspendida la convocatoria de proyectos para la Economía Popular, que incluía pasajes, viáticos y equipamiento para unidades productivas cooperativas, con un recorte de $1.200 millones.
Nueva etapa de control y financiamiento
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Desde la Jefatura de Gabinete, el secretario Darío Leandro Genua recibió la instrucción de evaluar todos los programas en ejecución, identificando falta de ejecución, plazos vencidos y montos sin rendir. Según la resolución, vencido el plazo de regularización, se iniciarán acciones de recupero administrativo o judicial.
La medida busca consolidar un nuevo modelo de financiamiento científico, centrado en la eficiencia presupuestaria y el control legal del gasto. Según fuentes oficiales, no se trata de una evaluación de mérito científico, sino de un ordenamiento contable que elimine desviaciones del fin público.
