Desde diciembre, los operativos de control migratorio permitieron expulsar a 211 extranjeros que se encontraban en situación irregular en el país. Las inspecciones, coordinadas por la Dirección Nacional de Migraciones, tuvieron como objetivo verificar la situación migratoria, la categoría declarada, el ingreso regular al territorio nacional y el cumplimiento de las obligaciones laborales y de alojamiento.
La medida se enmarca en una política de mayor fiscalización impulsada por el Gobierno nacional para reforzar el orden migratorio y garantizar que quienes residan en la Argentina lo hagan bajo las normas vigentes. Según se informó, las expulsiones alcanzaron a personas que no pudieron acreditar su permanencia legal o que incumplían las condiciones establecidas por la legislación.
En los últimos tres operativos, realizados en La Plata, Liniers y Villa Celina, las autoridades relevaron un total de 1.841 personas. Los procedimientos incluyeron controles de documentación, verificación de antecedentes y constatación de domicilio declarado. En cada caso, se evaluó si los extranjeros cumplían con la categoría migratoria correspondiente y con las obligaciones asociadas a su estadía en el país.
Estos controles buscan ordenar el sistema y evitar situaciones de irregularidad prolongada. Las inspecciones no sólo apuntan a detectar ingresos irregulares, sino también a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y contractuales.
El refuerzo de la fiscalización migratoria forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer el cumplimiento de la ley y optimizar los mecanismos de control del Estado. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es garantizar reglas claras y previsibles, tanto para quienes ingresan al país como para quienes ya residen en él.
El presidente, Javier Milei.
En ese marco, las autoridades anticiparon que los operativos continuarán en distintos puntos del territorio nacional. La estrategia apunta a consolidar un sistema migratorio transparente, con controles periódicos y coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos administrativos.
El Gobierno reafirma así su decisión de sostener un esquema de control migratorio permanente, con presencia territorial y fiscalización efectiva. Argentina mantendrá sus puertas abiertas a quienes respeten la ley, pero quienes permanezcan en situación irregular deberán afrontar las consecuencias previstas en la normativa vigente.
