En una decisión que marca un cambio fundamental en la gestión de la infraestructura vial de Argentina, el Gobierno de Javier Milei, a través del Vocero Presidencial Manuel Adorni, anunció hoy que la operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas será transferida al sector privado.
Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización y optimización de los recursos públicos, buscando terminar con las ineficiencias que caracterizaron a las administraciones anteriores.
La medida responde a la preocupante situación financiera de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la operación de estas rutas, que actualmente enfrenta un déficit operacional de 30 millones de dólares.
Este déficit fue sostenido hasta diciembre de 2023 mediante el uso de fondos del Tesoro Nacional, una práctica que no solo dilapidó los recursos públicos, sino que también evidenció la necesidad urgente de una gestión más eficiente y sostenible en la obra pública.
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que "cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente".
Esta apertura a la competencia, que permite la participación de empresas de diferentes orígenes, es un paso importante hacia la transparencia y la responsabilidad en la gestión de obras públicas.
En contraposición a las prácticas de la vieja política, que muchas veces operaron como una caja del delirio populista kirchnerista, el Gobierno de Milei se compromete a garantizar un proceso licitatorio claro y sin interferencias.
Adorni también subrayó que las empresas que finalmente resulten adjudicatarias del servicio solo recibirán la tarifa de adjudicación una vez que hayan completado la puesta en condiciones de la ruta.
Esta cláusula de pago vinculada al rendimiento garantiza que solo se pagará por servicios efectivamente prestados, alineando así los incentivos de las empresas con los intereses del Estado y, por ende, de la ciudadanía. Este enfoque no solo favorece la eficiencia en la operación de las rutas, sino que también establece un estándar de calidad que beneficiará a todos los usuarios de la red vial.
Se estima que la implementación de esta medida permitirá al Estado ahorrar hasta 5.600 millones de dólares. Estos ahorros no son solo números; representan recursos que podrán ser redirigidos hacia otras áreas críticas, como la educación, la salud y la seguridad, mejorando así la calidad de vida de los argentinos.
La transferencia de la operación y mantenimiento de las rutas al sector privado es, en este sentido, un paso estratégico para reducir los gastos del Estado y priorizar el bienestar de la población.
La colaboración público-privada de la obra pública es un modelo de gestión que puede traer consigo enormes mejoras en la calidad de la infraestructura y en la seguridad vial.
