El Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Seguridad Nacional, ahora bajo la nueva conducción de Alejandra Monteoliva, impulsa una de las transformaciones más ambiciosas de la gestión libertaria en materia de seguridad fronteriza.
Se está trabajando para crear una Policía Migratoria, una nueva fuerza especializada que asumirá el patrullaje y la vigilancia de los pasos fronterizos en reemplazo del esquema actual. La iniciativa busca modernizar el sistema de control migratorio, combatir la inmigración ilegal y fortalecer la capacidad del Estado frente a delitos que se desarrollan en zonas de frontera.
El proyecto no nació con la llegada de Monteoliva. Su antecesora, Patricia Bullrich, dedicó buena parte de su gestión a impulsar la creación de esta fuerza, prevista en la Ley de Migraciones y respaldada políticamente por el presidente Javier Milei. Durante esos meses, Bullrich incluso logró el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones a la órbita de Seguridad tras conversaciones con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La Patrulla Fronteriza de EEUU
La iniciativa quedó plasmada en el decreto 366/2025, que redefinió el rol de cada fuerza. Allí se estableció que Prefectura Naval, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal funcionarían como “Policía Migratoria Auxiliar” y que “en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera”. Pero el objetivo del Gobierno es reemplazar progresivamente ese esquema por una fuerza nueva, exclusiva y profesionalizada.
Hoy, la supervisión de los pasos terrestres continúa en manos de Gendarmería y la seguridad en aeropuertos depende de la PSA. Para el entorno de Monteoliva, esto resulta insuficiente. “Hace falta modernizar el control de las fronteras. No es especialidad de la Gendarmería. Hace falta la profesionalización de Migraciones”, señaló una fuente clave que sigue la reforma.
La administración libertaria plantea una urgencia operativa y política: reforzar la frontera y ordenar el tránsito migratorio. Formación, tecnología y nuevos protocolos serán los tres pilares de acción.
El plan contempla capacitaciones específicas para enfrentar las problemáticas dominantes en la frontera: trata de personas, narcotráfico y terrorismo. Desde el Ministerio insisten en que la inmigración ilegal y el crimen organizado requieren un enfoque distinto al de las fuerzas tradicionales. “Hace falta hacerlo en lo inmediato. Se trata de un cambio cultural. La lógica es que Migraciones está al control de los pasos fronterizos sino es un desperdicio”, explicaron.
La Patrulla Fronteriza de EEUU
Aunque el diseño institucional está avanzado, ya se definió la estructura y la cadena de mando, la discusión presupuestaria aún está abierta. El financiamiento para 2026 no figura en la previsión oficial, aunque en el Ejecutivo confían en una adecuación en el Congreso o, en su defecto, en cubrir los costos con los recursos ya asignados. “Solo faltaba la decisión política de crearla y la tuvimos. Los números no son altos, vamos a encontrarle la vuelta”, aseguraron.
La fuerza se integrará inicialmente con efectivos reasignados desde otras instituciones, que serán capacitados para sus nuevas funciones. “No estamos hablando de grandes números porque habría una reasignación de recursos humanos y operativos. Además, la estructura administrativa de Migraciones ya funciona”, aclaran en el Gobierno.
En paralelo, la reforma incluye cambios en la Policía Federal Argentina. Milei ya había anticipado esta línea en junio al presentar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI): “A partir de hoy tendremos una Policía Federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino al servicio de desarticular organizaciones criminales”.
El modelo elegido por la administración libertaria tiene como referencia directa al US Border Patrol de Estados Unidos (Patrulla Fronteriza de EEUU). También sigue el camino de cooperación internacional que Bullrich consolidó en octubre con la firma de un acuerdo con el FBI y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para tareas conjuntas contra el narcotráfico, el terrorismo y el ciberdelito.
