El Gobierno de Milei detectó gastos innecesarios en AySA por más de USD 4.800 millones

"AySA también financió eventos deportivos y sociales en los distritos que políticamente estaban alineados con el gobierno anterior, o con sus funcionarios, como por ejemplo el triatlón Iron Man y el Challenger de tigre un torneo de tenis ATP que casualmente se hacía en ese distrito", ironizó Adorni.

En esta línea, el funcionario de La Libertad Avanza también afirmó que la empresa "gastó USD 1.300.000 entre 2022 y 2023 sponsoreo de AySA en estos eventos".

Por otro lado, Adorni denunció que la empresa adquirió "un inmueble en la calle Tucumán por USD 31.600.000", donde además se realizaron "reparaciones por USD 9.600.000". "Lo irónico es que esta obra no se completó. Y lo que es aún más irónico, o extraño, es que estaba previsto que en ese edificio se construyeran varios pisos adicionales destinados al uso exclusivo de la presidente de AySA".

"Además, en septiembre de 2023 se compraron las conocidas camionetas Renault Kangoo. Se adquirieron 613 camionetas por USD 25.700.000, es decir, USD 42.000 por cada camioneta Kangoo, el triple de su valor real en el momento de la compra", explicó Adorni.

El vocero también criticó al área de comunicación de la empresa, a la que acusó de destinar recursos a "cuentas ajenas al ente estatal y mencionar a los dirigentes políticos del Frente Renovador".

Finalmente, al ser consultado sobre un posible proceso judicial contra Malena Galmarini, ex titular de la empresa estatal, Adorni respondió: "Si hay presunción de corrupción o de mal uso de los fondos públicos que tenga los elementos para judicializarlo, se judicializa efectivamente".

La privatización de AYSA

En el contexto de la profundización sobre la privatización y/o cierre de empresas estatales, el oficialismo tiene en la mira un nuevo candidato: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). Actualmente, el 90% del capital de la compañía es propiedad del Gobierno Nacional, mientras que el 10% restante está en manos del personal de la empresa.

Después de hacer público el anuncio sobre las irregularidades, uno de los objetivos del oficialismo se centra en desprenderse, en un futuro cercano, de una parte de las acciones que posee el Estado.

Esto podría llevarse a cabo mediante una licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de la empresa, tal como sucedió esta semana con Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), que marcó la primera privatización del gobierno.

Otra opción que contempla el Gobierno de Milei sería lanzar las acciones a la Bolsa en marzo de 2025, permitiendo que el mercado financiero determine el valor de las acciones de la compañía. Hasta la fecha, la empresa registró pérdidas de $70.000 millones en lo que va del año y cuenta con más de 7.000 empleados.