Si el proyecto es aprobado por los senadores, Cristina Kirchner no podría presentarse en las próximas elecciones,
Con una mayoría absoluta de 144 votos, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto presentado por el Gobierno de Javier Milei que implementa la Ficha Limpia.
Este proyecto de ley modifica las reglas de elegibilidad para candidatos a cargos públicos y que impediría el acceso a quienes tengan una condena firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública, entre otros, como es el caso de Cristina Kirchner.
Ahora el proyecto pasa al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y se anticipa que intentarán bloquear la ley o, al menos, obstaculizarla para que no llegue al recinto.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Al tratarse de un tema electoral, la mayoría absoluta, que corresponde a la mitad más uno del total de la Cámara baja (es decir, 129 votos), se alcanzó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, los bloques radicales divididos (UCR y Democracia para Siempre), algunos diputados provinciales y un sector de Encuentro Federal.
Dentro de este último bloque, destacó la participación del legislador cordobés Oscar Agost Carreño, quien, junto a diputados de otras fuerzas, trabajó durante horas en la redacción final del texto, a pesar de los vaivenes dentro del oficialismo y las disputas con los libertarios sobre algunos términos específicos que generaban confusión en la redacción.
El núcleo de la ley se centra en los "delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal".
Javier Milei, presidente de Argentina.
También abarca delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento, todos contemplados en el título XI del Código Penal, referente a los delitos contra la administración pública.
Además, el proyecto extiende su alcance a cualquier otro delito doloso contra la administración que implique enriquecimiento, conforme al artículo 36 de la Constitución. Como se esperaba, la izquierda y el kirchnerismo se opusieron rotundamente a esta iniciativa, votando a favor de los corruptos.
