El Gobierno de Milei prohibió el uso de símbolos políticos en edificios públicos

El Gobierno de Javier Milei implementó una medida que prohíbe asignar nombres de personas a edificios públicos o emplear símbolos que puedan interpretarse como propaganda política.

Asimismo, se introdujeron modificaciones en la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para combatir el adoctrinamiento político en instituciones educativas.

La disposición fue oficializada mediante el decreto 1084/2024, publicado en el Boletín Oficial, que estipula: "Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado nacional".

Además, el decreto establece que para designar bienes nacionales con el nombre de figuras públicas, deberán haber transcurrido al menos 10 años desde su fallecimiento o de los eventos históricos que se busca conmemorar.

También se prohíbe utilizar nombres de personas que hayan ejercido funciones en contextos de interrupción del orden democrático. "Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático", especifica la normativa.

En 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se intentó modificar el nombre del edificio, pero la propuesta no obtuvo el respaldo necesario. Incluso, el macrismo había planteado un fallido proyecto para que los edificios públicos no pudieran llevar nombres de personas hasta transcurridos 20 años desde su fallecimiento. Ahora, con el Gobierno de Milei, esta iniciativa se logró implementar.

El decreto también advierte que cualquier funcionario público que infrinja estas disposiciones incurrirá en una falta grave en el desempeño de sus funciones, lo cual podrá derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales conforme a las normativas vigentes.

En sus fundamentos, el Gobierno de Milei argumenta que "los recursos y bienes del Estado nacional son públicos y deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva".

La denominación e identificación de obras públicas, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería estar influenciada por intereses políticos partidarios. Según argumentaron, esta práctica puede distorsionar el propósito y el valor cultural o histórico de dichos bienes, además de generar confusión entre lo público y lo partidario.

Desde el Ejecutivo señalaron también que estas acciones "provocan la pérdida de la neutralidad que corresponde que posean los bienes públicos".

Por otro lado, el Gobierno de Milei promulgó el decreto 1086/2024, que introduce modificaciones a la reglamentación de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, añadiendo nuevas disposiciones a ciertos artículos.

"La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal", subrayaron.

Esta medida se adopta en medio de la polémica generada por los materiales utilizados en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, los cuales, a pesar de estar dirigidos a niños, cuentan con contenido sexual explícito y con un fuerte sesgo ideológico de izquierda.

El Ejecutivo destacó que "dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento".

"La libertad de pensamiento representa un factor esencial en nuestra sociedad y debe ser respetada en todos los ámbitos y por todas las personas", concluyeron.