La Justicia Federal determinó que no hubo delito tras verificar que todo estaba registrado ante el ANMAC.
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Un allanamiento realizado en junio de 2024 en una vivienda de barrio General Bustos había derivado en el secuestro de un arsenal. Más de 50 armas de fuego, cuchillos, chalecos, linternas y otros elementos habían sido secuestrados. El despliegue fue de gran magnitud y contó con la presencia de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de Córdoba.
Sin embargo, semanas después, la Justicia Federal desestimó la causa y ordenó la devolución total de los elementos incautados. El titular de la cartera de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, participó personalmente del operativo junto al entonces subjefe de Policía, Alejandro Mercado.
Según la investigación judicial, el propietario del domicilio, Adolfo Potazcek, tenía en regla todas las armas y objetos incautados. Figuraba como legítimo usuario categoría G-2 ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
El propietario, Adolfo Potazcek, tenía en regla todas las armas y objetos incautados
Todo en regla, según la Justicia Federal
El procedimiento se originó con una orden para recuperar un celular robado, pero derivó en un hallazgo inesperado. En la casa había armas de guerra, cuchillería, máquinas recargadoras y hasta un handy policial.
Las autoridades incluso vincularon una de las armas con el asalto ocurrido en Nueva Córdoba en 2018, donde murió un policía. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por los peritos federales tras el análisis del material.
“Las armas estaban registradas, al igual que el resto de los efectos que requieren su inscripción en el ANMAC”, explicó Andrés Paladino, uno de los abogados defensores.
Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba
La defensa confirmó que no hubo imputación
Paladino y Oscar Zárate representaron a Potazcek durante todo el proceso judicial. Según contaron, su cliente recuperó todos los objetos decomisados y nunca fue imputado por ningún delito.
“El cliente nos explicó el origen de cada efecto incautado. Incluso intentó hacerlo durante el operativo, pero los policías no lo escucharon”, añadió Paladino a un medio local.
Ahora, los abogados evalúan iniciar acciones legales por el perjuicio causado. “La cuchillería era de colección, el chaleco y el handy eran de venta libre y comprados online”, detallaron.
