El proceso fue iniciado el miércoles pasado por la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a cargo de Miguel de Lezica, y busca determinar si la fiscal incurrió en alguna irregularidad al no solicitar la detención del menor, que ya contaba con antecedentes.
El antecedente de T.G. y la decisión de la fiscal
El 1° de febrero, T.G. y otros tres adolescentes intentaron robar un automóvil en Calle 61 entre 14 y 15. La Policía Bonaerense los detuvo, pero, debido a su edad (17 años) y la calificación del delito como tentativa de robo automotor, la fiscal decidió no pedir su detención y lo entregó a sus padres.
La primera víctima del delincuente, una joven de 20 años llamada Martina, relató en los medios que pasó más tiempo en la comisaría que los propios agresores. “Vi hasta cuando quedaron en libertad. La madre lo fue a buscar como si fuese al colegio por una amonestación”, expresó indignada.
El país entero pide Justicia para Kim
¿Hubo una irregularidad en la actuación de la fiscal?
De acuerdo con expertos consultados, la fiscal Cladera habría actuado conforme a la ley. Según el Código Procesal Penal de la provincia, la tentativa de robo de automotor no amerita prisión preventiva, por lo que la fiscal tenía la facultad de liberar al menor aplicando el artículo 161 de la norma.
Este artículo establece que un fiscal puede disponer la libertad de un aprehendido cuando estime que no solicitará la prisión preventiva, siempre que el imputado denuncie su domicilio real y se comprometa a comparecer ante la Justicia cuando sea requerido.
Kim, la menor asesinada por la inoperancia de la Justicia zaffaronista
Sin embargo, el impacto del crimen de Kim generó fuertes críticas y llevó a la Procuración a abrir un expediente para analizar si la fiscal aplicó correctamente la normativa.
Posibles consecuencias para la fiscal
Si bien no se ha detectado ninguna falta, la sanción máxima que podría enfrentar Cladera, en caso de encontrarse algún error o falla, sería una suspensión de hasta 30 días. Solo si se comprobara que cometió un delito, intervendría la Secretaría de Enjuiciamiento con sanciones más severas.
Desde la Procuración aclararon que la investigación no se enfoca en las consecuencias trágicas de la liberación del menor, sino en determinar si la fiscal actuó conforme a la normativa vigente.
