El agresor tenía 17 años cuando noqueó a López, quien quedó con graves secuelas; había recibido prisión efectiva.
Las consecuencias fueron gravísimas. López sufrió lesiones neurológicas que modificaron su vida de manera permanente, con dificultades motrices y para comunicarse. El acusado permaneció prófugo durante más de cinco meses antes de presentarse ante la Justicia.
En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por lesiones gravísimas. Sin embargo, permaneció bajo arresto domiciliario mientras la sentencia era revisada.
Tres meses después, la Sala I de la Cámara de Apelaciones porteña consideró “excesiva” aquella pena y ordenó que se dictara una nueva condena de ejecución condicional, es decir, inferior a tres años. A partir de esa resolución superior, De Marinis dispuso que el joven recuperara la libertad bajo monitoreo electrónico.
La jueza porteña Laura De Marinis, quien este lunes declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, ya había intervenido en otro resonante expediente protagonizado por un menor: el brutal ataque contra el playero Arturo López.
En diciembre de 2023, De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la liberación de Carlos Manuel A., condenado meses antes por haber golpeado violentamente a López en un estacionamiento de Monserrat. La medida incluyó una tobillera de geoposicionamiento y la prohibición de abandonar la Ciudad de Buenos Aires.
El hecho había ocurrido el 19 de noviembre de 2021, cuando el agresor tenía 17 años. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que golpeó sorpresivamente en el rostro al playero, entonces de 66 años, quien cayó violentamente contra el piso y quedó inconsciente.
El antecedente vuelve a cobrar relevancia después de que este lunes la misma magistrada declarara inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y ordenara su sobreseimiento.
Según el expediente, un hombre de 47 años denunció haber sido abordado por un grupo de cinco jóvenes y relató que uno de ellos le exigió que entregara su celular. La víctima logró escapar y solicitó ayuda a un policía.
De Marinis sostuvo que la incorporación de adolescentes al sistema penal debe utilizarse como "último recurso" y planteó que el Estado debe abordar también las circunstancias sociales que rodean las conductas delictivas juveniles.
A diferencia de una suspensión general de la ley, la resolución alcanza únicamente al adolescente involucrado en ese expediente. El nuevo Régimen Penal Juvenil continúa vigente mientras el fallo pueda ser revisado por instancias superiores.
