El periodista Eduardo Feinmann reveló este miércoles una grave versión sobre la jueza kirchnerista Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires: según afirmó, la magistrada habría reconocido en su círculo íntimo que tomó la decisión por pedido del gobernador Axel Kicillof y del dirigente peronista Mariano Cascallares.
Durante su programa, Feinmann aseguró haber recibido la información de una persona muy cercana a Pascual, a quien describió como alguien que la conoce “mucho”. De acuerdo con el relato del periodista, la propia magistrada estaría comentando entre sus allegados: “Yo hice lo que me pidieron Cascallares y Kicillof, ¿y ahora nadie sale a apoyarme? Me dejaron sola”.
Marta Elba Pascual habría actuado bajo el padrinazgo de Kicillof y Cascallares.
Feinmann insistió en que personas cercanas a la jueza, con conocimientos jurídicos, comenzaron a cuestionarla por la polémica resolución y reprodujo otra supuesta respuesta de Pascual ante esos reclamos: “Bueno, hice lo que me pidieron Cascallares y Kicillof. Ahora me dejan sola”.
Cascallares es actualmente diputado provincial por Unión por la Patria y uno de los dirigentes más cercanos al armado político con aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof en territorio bonaerense, con presunta cercanía con el judicial.
El periodista incluso desafió públicamente a la magistrada a pronunciarse sobre la versión y explicar cuál fue el verdadero origen de su decisión. “Dígalo, señora, dígalo”, expresó Feinmann, quien además pidió que Pascual reconozca públicamente a quienes expuso como sus “padrinos”.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Axel Kicillof junto a Mariano Cascallares.
La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y argumentó que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años podría provocar un colapso en los institutos bonaerenses por problemas de infraestructura, capacidad y personal.
La decisión provocó una inmediata reacción de La Libertad Avanza, que anunció que impulsará el juicio político de Pascual. El espacio cuestionó que una magistrada provincial pueda bloquear la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y sostuvo que la resolución profundiza la impunidad en territorio bonaerense.
