La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó que los gremios de pilotos aeronáuticos deben informar con cinco días de anticipación al Estado y a las empresas sobre cualquier paro o medida de fuerza.
Esta resolución surge en el marco de una causa donde se discute la legalidad de dos decretos del gobierno de Javier Milei, que otorgan el estatus de servicio esencial al sistema de aeronavegación.
Suspensión temporal de los decretos del gobierno de Milei
Los decretos 825 y 831, que establecen al transporte aéreo como servicio esencial, fueron suspendidos por tres meses.
Esta decisión responde a una medida cautelar presentada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), bajo la conducción de Pablo Biró.
Sin embargo, la Cámara del Trabajo confirmó la obligación de preavisar los paros, manteniendo en suspenso otros puntos clave.
Argumentos del gremio de pilotos
APLA argumentó que estos decretos limitan el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. El gremio también señaló que decretar una actividad como esencial debería realizarse a través de una ley, no por decreto.
Además, resaltó que el Estado ya cuenta con mecanismos, como la conciliación obligatoria, para intervenir en conflictos laborales.
Respuesta del gobierno de Milei
El gobierno de Javier Milei rechazó las acusaciones, asegurando que los decretos no prohíben el derecho a huelga, sino que lo regulan para evitar abusos y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Además, defendió la necesidad de regular los paros en un servicio tan crucial como la aeronavegación.
Resolución judicial
El juez Ricardo Hierrezuelo había dictado una medida cautelar que suspendía los decretos por tres meses.
Al apelar, el Ejecutivo llevó la decisión a la Cámara del Trabajo, que ratificó parcialmente la suspensión. No obstante, se estableció que APLA debe preavisar los paros, lo que garantiza la continuidad de al menos el 50% del servicio durante una huelga.
Impacto en otros gremios
Es importante destacar que esta medida solo afecta al gremio APLA y a sus afiliados, ya que otros sindicatos del sector no iniciaron acciones legales, por lo que los decretos siguen plenamente vigentes para ellos.
