En un avance judicial contundente, la Justicia argentina se dispone a subastar la totalidad de los bienes de Cristina Kirchner y sus allegados, como parte del proceso de ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad. La investigación, que involucra a la expresidente y ocho condenados por defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obras públicas a Lázaro Báez, busca recuperar una suma millonaria que podría alcanzar los 500 millones de dólares.
El cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema ya recibió la orden del Tribunal Oral Federal 2 para actualizar el monto del decomiso originalmente fijado en 2022 en 84 mil millones de pesos, cifra que será ajustada para reflejar el valor real de los activos a recuperar. Este informe será clave para iniciar la etapa de ejecución y posterior subasta pública de los bienes embargados.
CFK tiene dos departamentos en el edificio Madero Center.
Entre los activos a subastar figuran un total de 26 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, incluyendo dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 enSanta Cruz, además de 2 departamentos de lujo y cocheras en Puerto Madero y el departamento ubicado en San José, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria. Este último dato revela una insólita situación: la Justicia considera factible subastar la residencia en la que la exmandataria se encuentra alojada.
El fiscal Diego Luciani, encargado de la causa, trabaja con un listado exhaustivo que incluye también bienes cedidos a los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, en lo que se considera una maniobra de "insolvencia fraudulenta" para evadir embargos, como denunció la exdiputada Margarita Stolbizer. Además, el informe abarca las tres empresas familiares –Los Sauces, Hotesur y COMA S.A.– y los 6 millones de dólares en efectivo de Florencia Kirchner.
Pero el alcance de la acción judicial no se limita a la familia Kirchner. Se suman a la lista las propiedades del empresario Lázaro Báez: 37 inmuebles en Buenos Aires, 4 más en la provincia de Buenos Aires, 132 propiedades en Santa Cruz y una en Chubut, así como sus compañías Austral Construcciones, Loscalzo, Del Curso SRL y Gotti S.A. Entre estas, destacan estancias emblemáticas como Cruz Aike, Río Olnie y Los Gurises, algunas de las cuales fueron inspeccionadas en busca de dinero enterrado.
Estancia Cruz Aike.
Según los fiscales Luciani y Sergio Mola, el daño causado por la red K asciende a una privación millonaria de recursos públicos que debieron haberse destinado a áreas fundamentales como educación, salud, y justicia. Por ello, insisten en que, pese a que muchos bienes están embargados en distintas causas, la ejecución debe avanzar en el expediente que primero obtuvo sentencia firme, que en este caso es Vialidad. Además, argumentan que los bienes transferidos a los hijos son producto de dinero ilícito y, por lo tanto, también son susceptibles de ser decomisados.
El Tribunal otorgará a los condenados un plazo de 10 días hábiles para saldar el monto actualizado. De no hacerlo, se procederá a la subasta pública de los bienes, tal como ocurrió en la causa Cuadernos con los activos de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
