Pese a que la oposición acusa al Gobierno de querer "entregar la patria", el proyecto establecía justamente la prohibición expresa para que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país.
La presión de la oposición obligó a la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta a dar de baja el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras que integraba el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El dato ocultado por el relato de la izquierda y el kirchnerismo es contundente: la actual ley de tierras permite a Estados y empresas extranjeras comprar tierras rurales, mientras que la reforma de Javier Milei lo prohibía tajantemente.
La vigente Ley de Tierras N° 26.737, reglamentada por el kirchnerismo en marzo de 2012, fue construida bajo un falso pretexto de protección nacional, pero en su letra chica autoriza explícitamente que "un Estado extranjero, o una empresa con participación estatal extranjera, pueda comprar tierras con límites". Es decir, la ley que rige hoy le permite a gobiernos de potencias extranjeras adquirir soberanía territorial sobre suelo argentino.
La iniciativa, que buscaba flexibilizar el régimen restrictivo actual y generar condiciones competitivas para atraer capitales, fue saboteada tras la deserción de legisladores y el rechazo explícito de gobernadores como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén, sumados a la obstaculización liderada por el senador kirchnerista José Mayans.
La reforma sepultada por la oposición venía precisamente a dar vuelta este panorama para defender de verdad a la patria. El objetivo central del oficialismo era prohibir la compra por parte de Estados extranjeros, abriendo exclusivamente las puertas a la inversión privada transparente —ya sean argentinos o extranjeros independientes— y garantizando la obligatoriedad de registrar todas las operaciones con la nacionalidad de los adquirentes.
La persistencia del actual marco regulatorio ha sido devastadora para los productores argentinos, quienes poseen el 95% de las tierras rurales del país.
Debido a las trabas y al cepo inmobiliario que impuso la reglamentación kirchnerista de 2012, el valor de los campos cayó un 50%. Esto obligó a miles de familias, chacareros y pequeñas empresas a malvender sus campos a precio de descuento ante situaciones de necesidad, destruyendo el ahorro de generaciones.
El cepo a la tierra no detuvo la extranjerización, sino que la direccionó hacia el clientelismo y la corrupción: los únicos beneficiados por la brutal caída de precios fueron los amigos del poder feudal.
Bajo el amparo de esta ley supuestamente "soberana", personajes como el testaferro Lázaro Báez lograron acaparar la escandalosa cifra de 415.000 hectáreas en la Patagonia compradas a precio de descuento, mientras sindicalistas millonarios adquirían estancias en la provincia de Buenos Aires con fondos de origen inexplicable.
La farsa del discurso proteccionista de la oposición queda al descubierto al repasar el acuerdo impulsado bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para la instalación de la Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-NEUQUÉN en la Patagonia.
Bajo la ley que defienden los senadores kirchneristas, la expresidente cedió un predio de 200 hectáreas en el paraje Quintuco, localidad de Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, bajo la modalidad de comodato por una duración de 50 años.
Senado de la Nación
La contraparte de la concesión es la agencia estatal CLTC (China Satellite Launch and Tracking Control General), una entidad que reporta directamente a la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación de China.
Este polémico convenio —ratificado por el Congreso mediante la Ley N° 27.123 en marzo de 2015— otorgó a los militares extranjeros una exención total de cargas fiscales, impuestos y derechos aduaneros (incluyendo el I.V.A.) en sus operaciones, asegurándoles además absoluta autonomía operativa para que la Argentina no interfiera en sus actividades.
Como contraprestación, la comisión nacional CONAE apenas obtuvo el derecho a utilizar un mezquino 10% del tiempo operativo de la antena satelital por año.
Mientras la ley vigente avala la entrega de territorio soberano exento de impuestos a un ejército extranjero por medio siglo, la oposición se rasga las vestiduras bloqueando una reforma que buscaba, justamente, prohibir que Estados soberanos compren suelo argentino.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Mientras la demagogia legislativa frena el desarrollo de la Argentina, otros países aplican el sentido común y la libertad económica para prosperar. El modelo de Australia permite la compra de tierras por parte de capitales extranjeros bajo registros administrativos claros, pero sin imponer límites rígidos a la cantidad de superficie en manos externas. El resultado es una previsibilidad que capta millones de dólares en inversiones estables.
Es este clima de hostilidad local y de regulaciones asfixiantes el que empuja a los productores nacionales a fugar su capital hacia el exterior. Un ejemplo rotundo es el de los Buratovich, un grupo empresario de origen argentino con más de un siglo de historia. Ante la falta de oportunidades en su propia patria, la firma debió expandirse internacionalmente y concretar recientemente una colosal inversión de 44 millones de dólares en Australia. Allí, la familia ya es dueña de 750.000 hectáreas en el Territorio del Norte —una superficie equivalente a toda la provincia de Tucumán—, consolidando su presencia con la reciente compra de la estación ganadera Aroona por 147.000 hectáreas y 15.000 cabezas de ganado.
