La prueba será presencial y evaluará el desempeño de unos 40.000 empleados públicos cuyo contrato vence a fin de año.
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La semana próxima comenzará la primera etapa de los exámenes de idoneidad para empleados públicos, un proceso destinado a evaluar a 40.000 contratados cuyos vínculos laborales temporales concluyen a fin de año.
La aprobación de esta evaluación será un requisito obligatorio para la renovación de contratos, aunque no garantizará automáticamente su continuidad. En paralelo, el Gobierno planea una revisión exhaustiva de la estructura estatal con el objetivo de reducir su tamaño y mejorar la eficiencia.
Detalles de los exámenes de idoneidad
El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, establecerá esta semana las condiciones oficiales para los exámenes. La prueba será presencial y se desarrollará inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con posibles expansiones a otras regiones.
Características de la evaluación:
Formato: multiple choice, de 20 a 24 preguntas.
Duración: 1 hora.
Metodología: uso de tablets o computadoras en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Resultados: corregidos automáticamente por el sistema.
Excepciones:
Quedan exentos los empleados de planta permanente, personas con discapacidad y aquellos que residen en el interior del país.
La administración nacional busca seguir eliminando contratos innecesarios
Los contratados tendrán hasta tres intentos anuales para aprobar. Aquellos que no superen la prueba en ninguna oportunidad no podrán renovar su contrato. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que esta evaluación no busca ser un filtro excluyente, sino garantizar un estándar básico de idoneidad equivalente a un nivel secundario completo.
Revisión estructural y racionalización del Estado
Este plan forma parte de la estrategia que Sturzenegger bautizó como “deep motosierra”, un enfoque que busca reestructurar profundamente el aparato estatal. Según cifras oficiales, la administración pública nacional cuenta actualmente con 305.688 empleados, un descenso respecto a los 343.353 registrados en noviembre pasado, antes del cambio de gobierno.
Entre las medidas implementadas hasta ahora, destacan:
Despidos masivos: unos 30.000 empleados desvinculados en el último año.
Reducción de ministerios: de 18 a 8.
Eliminación de altos cargos: recorte del 33% en puestos jerárquicos, con el objetivo de suprimir 300 direcciones y coordinaciones.
El siguiente paso será una revisión exhaustiva de cada área y organismo estatal para identificar tareas redundantes, cerrar entidades consideradas innecesarias y reorganizar funciones. Por ejemplo, la Conami (Comisión Nacional de Microcrédito) será eliminada debido a que su presupuesto para salarios superaba el monto destinado a préstamos.
Impacto en organismos descentralizados y planta permanente
El ajuste no solo afectará a la administración central. El Gobierno planea intervenir en organismos descentralizados, como ARCA (ex AFIP) o el Indec, amparándose en la Ley de Bases. Se buscará eliminar funciones duplicadas y, en algunos casos, reincorporar estas entidades al ámbito de la administración central o cerrarlas definitivamente.
Federico Sturzenegger, el hombre detrás del examen de idoneidad
Además, la ley ómnibus otorga a Sturzenegger la potestad de poner en disponibilidad a empleados de planta permanente en caso de cierre de organismos. Estos trabajadores tendrían entre 6 y 12 meses para ser reasignados; de no encontrar una tarea durante ese período, su vínculo laboral se podría finalizar con una indemnización.
Otras medidas en evaluación
El Gobierno analiza implementar medidas complementarias, como:
Incentivos por ahorro: áreas que logren reducir gastos podrían recibir “premios” por generar ahorros fiscales.
Renegociación de convenios colectivos: revisión de más de 50 convenios existentes en el empleo público.
Reestructuración salarial: ajustes para reducir disparidades entre organismos estatales y la administración general.
Un plan con impacto estructural
El inicio de los exámenes de idoneidad marca un paso decisivo en el plan de ajuste estatal que busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. Con esta y otras medidas en curso, el Gobierno apunta a transformar la administración pública en un modelo más ágil, focalizado y sostenible a largo plazo. Sin embargo, el impacto de estos cambios sobre los trabajadores y los servicios que brinda el Estado generará debate en los próximos meses.
