El acuerdo comercial entre Argentina y Venezuela para exportar vaquillonas lecheras comenzó como una oportunidad de oro para los productores argentinos. Los primeros embarques, realizados con un fuerte respaldo político y mediático, fueron presentados como símbolo del “hermanamiento” entre ambos países. Incluso el entonces presidente Hugo Chávez presenció en persona el primer envío desde Dock Sud, junto a funcionarios argentinos.
Sin embargo, la investigación de Matías Longoni reveló que detrás de ese discurso de integración se escondía una red de negocios controlada por empresarios con conexiones directas con el kirchnerismo. La figura central del esquema fue el ruralista Ider Peretti, quien, junto a su esposa, la abogada Daniela Borgogno, monopolizó las operaciones de exportación a través de empresas consignatarias con sede en Córdoba y Santa Fe.
Operaciones millonarias con precios inflados
Entre 2006 y 2007, durante la gestión de Jorge Taiana como canciller, se concretaron al menos cinco envíos de ganado hacia Venezuela, con un valor promedio de tres millones de dólares por operación. Los registros muestran que los precios facturados al gobierno chavista duplicaban e incluso triplicaban los valores de mercado argentino.
Mientras los productores locales recibían entre 400 y 800 dólares por vaca, las cotizaciones oficiales presentadas a Caracas alcanzaban los 1.960 dólares por animal sin incluir transporte, y hasta 2.660 dólares con flete marítimo. En el mismo presupuesto se ofrecían toros de pedigree a más de 6.000 dólares cada uno, cifras exorbitantes para la época.
Estos márgenes desproporcionados alimentaron las sospechas de sobrefacturación, blanqueo de capitales y retornos. Fuentes citadas en la investigación aseguraron que los intermediarios cobraban comisiones del 20% al 25% para permitir la participación en los envíos, un patrón que se repetía en otros convenios bilaterales de ese período.
