Más problemas para la AFA: la fiscalía amplió la investigación contra Tapia y Toviggino por el uso de facturas truchas

El complicado frente judicial que está atravesando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes sumó un nuevo capítulo. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial pidió ampliar la investigación contra el impresentable Claudio "Chiqui" Tapia, su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino, y otras autoridades del fútbol argentino por presuntas maniobras de evasión agravada mediante el uso sistemático de facturas falsas y empresas apócrifas.

La presentación fue realizada ante el juez Diego Amarante a partir de una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó irregularidades millonarias en operaciones realizadas entre 2023 y 2025. Según el requerimiento fiscal, la entidad habría utilizado proveedores sin capacidad operativa real para encubrir el destino final de fondos vinculados al impuesto sobre Salidas No Documentadas y reducir cargas impositivas.

La investigación sostiene que la maniobra incluyó facturación apócrifa, domicilios inexistentes, sociedades sin empleados ni actividad comprobable, inconsistencias bancarias y circuitos financieros cerrados considerados irregulares, a través de 24 proveedores bajo sospecha. El monto bajo análisis supera los 916 millones de pesos, mientras que el ajuste estimado a favor del fisco ronda los 320 millones, contando intereses y multas. Navas Rial advirtió además que las operaciones "habrían sido reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo", por lo que pidió evaluar si existió una posible "asociación ilícita fiscal".

Entre las empresas cuestionadas aparece Central Hotel SRL, que facturó cerca de 9.6 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza pese a estar registrada como firma hotelera. Según la investigación, los cheques emitidos para esos pagos terminaron vinculados a operaciones de compra y venta de ganado.

Otro de los casos señalados es el de Capadoccia SRL, que emitió facturas por más de 56 millones de pesos relacionadas con obras y materiales. Sin embargo, ARCA no logró localizar a la empresa y una de las personas que figuraba como socia declaró desconocer completamente la firma y aseguró que otra persona cobraba dinero por firmar documentación.

También quedó bajo la lupa Prussian Blue SRL, que facturó casi 19.2 millones de pesos por supuestos servicios digitales y actualizaciones de software. Cuando los inspectores se presentaron en el domicilio vinculado a la empresa, familiares de los presuntos titulares afirmaron que los involucrados realizaban "changas" y no tenían conocimientos técnicos relacionados con programación o marketing digital.

Para la fiscalía, el análisis conjunto de estas operaciones permite concluir que "las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos" y afirmó que las firmas "carecen de capacidad operativa, económica y financiera".

"No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico", agregaron.

La ampliación de la investigación alcanza a Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, además de la propia AFA como persona jurídica. El fiscal considera que todos ellos tenían capacidad de administración y toma de decisiones durante el período investigado.

La causa se suma así al expediente previo en el que los dirigentes ya fueron procesados por presunta retención indebida de impuestos y aportes de la seguridad social por cerca de 19.300 millones de pesos. Esa resolución ya dispuso embargos millonarios y todavía se encuentra bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

En paralelo, Tapia y los otros directivos acusados continúan con prohibición de salida del país, aunque el mandamás recientemente recibió autorización judicial para viajar al Mundial 2026 y otros eventos relacionados a su cargo como máxima autoridad de AFA y en el Consejo Directivo de la CONMEBOL tras presentar una caución millonaria y tener que cumplir una serie de condiciones impuestas por el tribunal.