La cooperativa Horizonte mantiene un reclamo judicial contra la Municipalidad de Córdoba por la falta de ejecución de obras de agua. Carlos Moro denunció que la Municipalidad “se queda con el 16%” de la facturación de Aguas Cordobesas destinada a ampliaciones que nunca se realizaron. La situación refleja cómo la discrecionalidad administrativa limita la capacidad de la comunidad para acceder a soluciones básicas y eficientes.
Carlos Moro afirmó que los intentos de diálogo con la Municipalidad no prosperaron y que la judicialización es la única alternativa viable. En este sentido, la Carta Orgánica, la Constitución provincial y las leyes vigentes deberían cumplirse sin depender de la buena voluntad de funcionarios. Mientras tanto, los vecinos no pueden financiar con su propio dinero extensiones de redes que corresponden a la gestión municipal y que beneficiarían a todos.
El titular de Horizonte denunció que funcionarios municipales y el intendente Daniel Passerini incurren en “una omisión en las obligaciones de funcionario público”. Agregó que estas irregularidades constituyen un “delito de incumplimiento” que retrasa obras y afecta la infraestructura básica. La retención del 16% de la facturación impide ampliar redes de agua y pone en evidencia prioridades erróneas dentro de la administración.
Planta de Aguas Cordobesas en la capital provincial
Judicialización y críticas por retención de fondos
La inacción de la Municipalidad obligó a Horizonte a acudir a la Justicia para garantizar la ejecución de obras pendientes en varios barrios. Passerini y su equipo continúan reteniendo recursos que deberían destinarse a ampliar redes de agua y saneamiento. Esta situación genera un perjuicio directo a los vecinos mientras se mantienen decisiones discrecionales que afectan la eficiencia.
Moro destacó que, a pesar de la paralización municipal, la cooperativa ha construido vivienda social autofinanciada con aportes de sus asociados durante 43 años. Funciona como un “hormiguero” que organiza y gestiona soluciones sin depender de la administración pública. Esto refleja cómo la iniciativa privada puede suplir vacíos administrativos mediante planificación y esfuerzo colectivo.
La retención del 16% de la facturación evidencia una gestión malversadora que privilegia decisiones arbitrarias por sobre la eficiencia y la libertad económica. La administración de Passerini limita la autonomía de los vecinos y la capacidad de las organizaciones para organizar recursos propios. La discrecionalidad y la falta de transparencia generan incertidumbre y dificultades para quienes dependen de estas obras para mejorar su calidad de vida.
