Polémica por el salario millonario de la intendente radical de Santa María de Punilla

Según el Concejal, el 53% de la masa salarial se utiliza para cubrir los sueldos del Poder Ejecutivo municipal (siete personas que cobran más que todo el resto de los empleados municipales), mientras que el resto del personal que trabaja en la municipalidad (como recolectores de residuos, inspectores de tránsito, personal administrativo, jornalizados o becarios) no percibe ni siquiera el equivalente a un salario mínimo, muchos de ellos recibiendo salarios en negro.

Cabe recordar que, desde el mes de enero hasta la fecha, los aumentos que se otorgó al Poder Ejecutivo de la municipalidad superan el 150%, un porcentaje mucho mayor que la inflación acumulada en el año hasta el momento, decidiendo ahora no perderse la oportunidad de volver a subir los salarios de la casta municipal en esta serie de aumentos otorgados.

Este suceso pone de manifiesto el enorme desfasaje entre los sueldos de la dirigencia política y los salarios del pueblo trabajador. Resulta inadmisible que mientras el común de los empleados municipales no puede siquiera cubrir sus gastos básicos, la intendente radical se enriquezca a costa del erario.

En un contexto de una profunda crisis generada por el gobierno de Alberto Fernández, donde la mayoría de los argentinos acompañan las medidas de Javier Milei y hacen enormes esfuerzos para salir adelante, ¿es justo que quienes deben gobernar con responsabilidad y empatía se beneficien de manera desproporcionada?

El hecho no resulta de extrañar si se recuerda que la municipalidad de Santa María de Punilla es administrada desde hace décadas por la misma familia: Silvia Rocchietti es la esposa del ex intendente saliente Dardo Zanotti (actualmente Secretario de Gobierno, luego de dos mandatos consecutivos como cabeza del Ejecutivo), quien delegó el linaje de la conducción municipal a su mujer, estableciendo una verdadera monarquía absoluta.

La situación es aún más preocupante cuando se tienen en cuenta las denuncias del concejal Javier Mateo, quien expone el cobro de un impuesto por obras de agua que jamás se concretaron.

Mientras los vecinos pagan por servicios que nunca ven, las autoridades municipales se llenan los bolsillos y disfrutan de privilegios millonarios.

Este es un claro ejemplo de la falta de transparencia y de las prioridades distorsionadas que hoy afectan a la gestión municipal, responsabilidades que la intendente parece intencionalmente desconocer.

El mensaje que transmite la intendente radical Silvia Rocchietti es claro: sus intereses personales, familiares y políticos prevalecen por sobre el bienestar de la gente de la ciudad.

En este contexto, la clase dirigente municipal decide, en actos espurios y con complicidad de un Concejo Deliberante servil, priorizar su situación económica para financiar sus vidas de lujos y comodidades, en vez de asumir su responsabilidad de velar por los intereses de los habitantes de la localidad con seriedad y compromiso.

Una vez más, la casta política elige servirse del pueblo, en lugar de servir al pueblo.