El escenario político del PRO en la provincia de Córdoba atraviesa una jornada crítica marcada por la división interna y la amenaza de intervención. El Consejo Directivo Nacional, bajo la presidencia de Mauricio Macri, resolvió anular la convocatoria a elecciones prevista para este lunes próximo. Esta decisión se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en la asamblea del 18 de febrero, donde se fijó el cronograma electoral vigente.
La cúpula nacional designó a Valentín Díaz Gilligan como responsable político en el territorio para intentar ordenar el proceso institucional del distrito. Según el dictamen de Buenos Aires, el mandato de Oscar Agost Carreño estaría vencido, lo que invalidaría sus facultades para convocar a los comicios. Sin embargo, los sectores locales sostienen que la única vía legal para suspender la votación en marcha es mediante una intervención formal y externa.
Hasta el momento, dos listas principales manifestaron su intención de competir por la conducción partidaria en esta etapa de renovación de autoridades. Oscar Agost Carreño busca encabezar una nómina de unidad junto a la diputada Laura Rodríguez Machado para ratificar su liderazgo en la estructura provincial. Por otro lado, Agustín de la Reta y Yanina Vargas impulsan una alternativa para disputar el sello amarillo en una contienda que sigue bajo revisión.
Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba
Denuncias de irregularidades y movimientos en Buenos Aires
La Mesa Ejecutiva Nacional analizó una denuncia presentada el 19 de febrero por un grupo de afiliados que cuestionaron la legalidad del llamado a urnas. El argumento central señala que la convocatoria a elecciones no figuraba en el orden del día de la reunión donde se aprobó avanzar con el calendario. Ante este panorama, la conducción central declaró la existencia de vicios administrativos y solicitó anular todo lo actuado por la junta ejecutiva local.
Soher El Sukaria, referente alineada con el macrismo, decidió retirar su participación del proceso al considerar que el mismo carece de la legitimidad necesaria. La concejala optó por plegarse a la estrategia judicial de la conducción nacional, esperando una resolución definitiva por parte de la Justicia Electoral. Esta postura profundiza la fractura entre los dirigentes que responden a la estructura central y quienes defienden la autonomía del partido en Córdoba.
El expediente judicial circuló con un dictamen que analiza la situación institucional, aunque el documento aún no fue incorporado formalmente a la causa principal. Si la Justicia Electoral habilita el proceso y finalmente se presenta una única lista, dicha nómina podría ser proclamada sin necesidad de una votación. En cambio, si prospera la suspensión nacional, el partido regresará a la órbita de las decisiones tomadas exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.
Soher El Sukaria, concejala y referente alineada con el macrismo
Posible intervención y definiciones en la Justicia Electoral
La historia del PRO en Córdoba registra tres intervenciones previas, y la posibilidad de una cuarta sobrevuela el cierre de listas en estas horas decisivas. El nombramiento de Díaz Gilligan es interpretado por muchos como un paso previo a la toma de control total por parte del Consejo Directivo Nacional. Los plazos administrativos corren mientras los apoderados de las listas esperan una señal clara de los tribunales para saber si deben inscribir candidatos.
Quienes siguen de cerca el conflicto advierten que la suspensión unilateral de una elección provincial podría generar un choque de competencias legales muy grave. Los dirigentes locales involucrados en ambas listas poseen antecedentes de participación en otros espacios políticos, lo que añade complejidad al armado de los nombres. La resolución de este enredo definirá si el macrismo logra normalizar su filial cordobesa o si el conflicto se extiende indefinidamente en la justicia.
El lunes se presenta como el día clave para conocer si habrá competencia interna o si el partido queda nuevamente bajo un mando designado desde CABA. La mirada de los afiliados está puesta en el juzgado competente, que tiene la última palabra sobre la validez del acto electoral convocado para el distrito. Mientras tanto, la incertidumbre reina en un partido que llega al cierre de listas con un expediente abierto y una conducción provincial fuertemente cuestionada.
