Las sanciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas comenzaron a generar dificultades en el desarrollo del proyecto petrolero británico Sea Lion.
Una sucesión de decisiones adoptadas durante las últimas semanas expuso un problema claro para sus operadores: el riesgo de trabajar con proveedores e inversores internacionales.
Tras las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei, uno de los primeros efectos fue el posicionamiento de SLB, Halliburton y Baker Hughes, las tres compañías de servicios petroleros más grandes del mundo, que comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.
Las tres tienen actividad en Argentina, particularmente en el sector energético, por lo que tomaron la decisión de no poner en peligro sus operaciones en el país.
