Las sanciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas comenzaron a generar dificultades en el desarrollo del proyecto petrolero británico Sea Lion.
Una sucesión de decisiones adoptadas durante las últimas semanas expuso un problema claro para sus operadores: el riesgo de trabajar con proveedores e inversores internacionales.
Tras las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei, uno de los primeros efectos fue el posicionamiento de SLB, Halliburton y Baker Hughes, las tres compañías de servicios petroleros más grandes del mundo, que comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.
Las tres tienen actividad en Argentina, particularmente en el sector energético, por lo que tomaron la decisión de no poner en peligro sus operaciones en el país.
El proyecto Sea Lion.
Preocupación en Londres
En paralelo, el Reino Unido publicó el 15 de septiembre una guía específica para compañías que realizan actividades económicas o suministran bienes y servicios a las Malvinas.
El documento dedica un apartado a las sanciones argentinas contra empresas y ofrece respaldo del Gobierno británico a quienes reciban presiones o acciones vinculadas con sus actividades ilegales en las islas.
Producto de las medidas de Milei, las autoridades británicas salieron a anunciar que están dispuestos a intervenir directamente para brindar seguridad a compañías que enfrenten dificultades en sus operaciones en el archipiélago.
La necesidad de publicar esa guía se produjo después de que Argentina profundizara las acciones contra empresas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas. El Gobierno de Milei, además, presentó un proyecto para ampliar y endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.
El presidente Javier Milei.
El Reino Unido extendió las licencias
En ese contexto de tensión, el Reino Unido también anunció la extensión de todas las licencias de hidrocarburos offshore en las Malvinas por cinco años, con la posibilidad de agregar otros dos años.
La responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de las islas, Cheryl Roberts, explicó que las extensiones buscan “dar seguridad a los operadores” para que puedan continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas.
La medida incluye programas de trabajo ampliados y compromisos para avanzar con nuevos pozos de evaluación. Entre las compañías vinculadas al desarrollo de Sea Lion se encuentran la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
El presidente Javier Milei.
Una presión que también llegó a la Justicia
A las dificultades comerciales se sumó un frente judicial. El 16 de septiembre, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion, en el marco de una medida cautelar.
La actualidad muestra que las sanciones argentinas todavía no paralizaron Sea Lion, pero sí incorporaron un factor de riesgo comercial, jurídico y operativo que pone en riesgo al proyecto británico.
Para Londres, el desafío consiste ahora en convencer a proveedores, inversores y compañías internacionales para participar, a pesar de los riesgos y sanciones, en las actividades hidrocarburíferas ilegales en las Malvinas.
