El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa “Vialidad” a abonar $684.990 millones en concepto de decomiso por la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La cifra fue establecida por los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y refleja el valor actualizado del perjuicio ocasionado.
El juez Jorge Gorini otorgó un plazo de diez días hábiles para saldar el monto. De no hacerlo, se procederá al remate de los bienes registrados a nombre de los condenados. La resolución judicial establece que la suma debe ser afrontada en conjunto por los nueve implicados, quienes deberán acordar la forma de pago. De lo contrario, se ejecutará la incautación de activos.
Cristina Kirchner junto a José Lucas Gaincerain, perito contable de la ex presidenta en la causa “Vialidad”.
La discrepancia se basa en el método de actualización: mientras los peritos oficiales aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el perito de la defensa utilizó la tasa pasiva del Banco Central, alegando que representa mejor la evolución del valor financiero del dinero.
Entre los bienes que podrían ser subastados figuran 26 propiedades de la familia Kirchner —dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 en Santa Cruz—, dos departamentos de lujo y cocheras en Puerto Madero, además del domicilio en San José donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. La inclusión de esta última propiedad evidencia, según fuentes judiciales, la amplitud del alcance del decomiso.
El fiscal Diego Luciani continúa trabajando sobre un listado más amplio de activos, que incluye propiedades transferidas a los hijos de la ex presidente, Máximo y Florencia Kirchner. También se evalúan bienes ligados a las empresas familiares Los Sauces, Hotesur y COMA S.A., así como los 6 millones de dólares de Florencia Kirchner en efectivo.
Cruz Aike, la joya de las estancias de Báez que ahora irá a remate judicial por US$1,4 millones.
En su resolución, el Tribunal Oral Federal N°2 respaldó el informe elaborado por la perito oficial y validó el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como criterio de actualización del monto del decomiso. “Las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas en base a las cuales ordenó su actuación técnica para la actualización de la cifra que aquí nos ocupa”, señalaron los jueces.
Además, destacaron que la metodología adoptada por la perito oficial no fue objetada por ninguno de los peritos de parte, pese a representar intereses contrapuestos en el proceso. “A tal punto que, más allá de lo dictaminado por los peritos que representaban los intereses de las partes, ninguno de ellos cuestionó ni impugnó la metodología concreta escogida y explicada por la perito oficial”, añadieron.
En ese marco, el tribunal rechazó el peritaje presentado por el contador de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain, al señalar que se apartó del valor de referencia aceptado durante toda la instrucción. “El cálculo de actualización que practicó partió de un valor de referencia distinto al indicado y en base al cual dictaminaron los otros expertos contables; dicha circunstancia nos exime de cualquier otra consideración en torno al método del cálculo en sí mismo”, concluyeron los magistrados.
