El próximo domingo 23 de marzo marca el fin de la moratoria previsional, una medida que durante años permitió que millones de personas accedieran a una jubilación sin haber cumplido con los 30 años de aportes requeridos.
Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei pone punto final a un esquema kirchnerista que premiaba la informalidad y perjudicaba a quienes sí cumplieron con sus obligaciones previsionales.
Durante décadas, el sistema previsional estuvo desbalanceado debido a la inclusión masiva de beneficiarios sin aportes suficientes. Esta situación generó un enorme costo fiscal, financiado con los recursos de quienes sí contribuyeron regularmente al sistema.
Ahora, con el fin de la moratoria, se establece un criterio más justo y equitativo: quienes no aportaron no podrán jubilarse, sino que recibirán un subsidio diferenciado.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Se acaba el privilegio de jubilarse sin aportes
A partir del 24 de marzo, aquellos que no hayan cumplido con los 30 años de aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.
Es importante destacar que esta prestación no es una jubilación, sino un subsidio para quienes no cumplieron con los requisitos previsionales. Además, la PUAM tiene diferencias significativas con la jubilación ordinaria:
No permite seguir trabajando: A diferencia de la jubilación, quienes accedan a este subsidio no podrán tener ingresos laborales formales.
Las mujeres deberán esperar hasta los 65 años: Antes, podían jubilarse a los 60 años con moratoria, pero ahora la edad mínima se iguala con la de los hombres.
No habrá pensión por viudez: Las personas que reciban la PUAM no podrán heredar la pensión de su cónyuge o conviviente fallecido, a diferencia de los jubilados.
Con estas medidas, el Gobierno de Milei busca fortalecer un sistema previsional quebrado por el populismo y garantizar que la jubilación sea un derecho de quienes cumplieron con sus aportes.
Los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social reflejan que la mayoría de quienes accedían a la moratoria tenían pocos años de aportes:
El 52% de los solicitantes contaba con menos de 10 años de aportes.
El 30% tenía entre 10 y 25 años de aportes.
Solo 18% reunía entre 25 y 30 años de aportes.
Este esquema permitía que más de la mitad de los nuevos jubilados no hubieran contribuido al sistema, generando un fuerte impacto en las cuentas públicas, perjudicando a quienes si aportaron todos los años.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Con el fin de la moratoria, se cierra una etapa de privilegios injustos y se avanza hacia un sistema previsional más sólido, donde la jubilación es el resultado del esfuerzo y no un beneficio garantizado sin aportes.
Una medida populista
Según datos recientes de ANSES, el 60% de los 7,5 millones de jubilados actuales accedió a su beneficio a través de estas moratorias, un mecanismo que permitió jubilarse sin los 30 años de aportes exigidos por la ley.
Esto, lejos de ser un avance en la "justicia social", representó un grave problema que premió la falta de contribución y castigó a los trabajadores formales.
Incorporar a más de 3,5 millones de personas entre 2005 y 2015, sin atacar la informalidad laboral, disparó el gasto público y agravó el déficit previsional. El resultado de esto se puede ver hoy en día: jubilaciones mínimas que apenas alcanzan para sobrevivir.
Además, el kirchnerismo utilizó a las moratorias como una herramienta clientelista para asegurar votos, dándole beneficios a millones de personas con fines políticos.
