El Gobierno de Javier Milei anunció este mediodía los resultados de una investigación que permitió desarticular una organización criminal dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, residencia del presidente.
Gómez murió el 16 de diciembre, durante la madrugada, mientras realizaba una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. En aquel momento, la información oficial indicó que el joven se había quitado la vida. Con el avance de la investigación judicial, esa hipótesis fue confirmada, pero el caso incorporó un elemento central: el soldado era víctima de una maniobra de extorsión organizada que lo sometió a una fuerte presión psicológica y económica.
Según explicaron las autoridades, la banda funcionaba como una estructura organizada, con roles definidos y continuidad operativa. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, señaló que Gómez fue uno de los afectados por este esquema, que tenía como víctimas a un número indeterminado de ciudadanos argentinos.
Desde el Gobierno describieron el entramado como una “pyme del delito” que operaba mediante teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el jefe de Gabienete, Manuel Adorni, afirmó: “Un celular en una cárcel es un arma”.
La extorsión a Gómez
La maniobra que terminó con el desenlace fatal comenzó a través de una aplicación de citas. El grupo delictivo se inició con la creación de un perfil falso en la app “evermatch”, bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Luego aparecía la figura de una supuesta madre alterada y el denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de ser un “degenerado” por haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años.
A partir de ese momento, se activaba el siguiente eslabón: un llamado telefónico de un falso policía de la Ciudad de Buenos Aires que aseguraba haber tomado conocimiento de una denuncia y advertía sobre una causa judicial en curso.
Para evitar consecuencias legales, exigía transferencias de dinero inmediatas. En varios casos, según explicó la jueza Arroyo Salgado, se utilizó la identidad real de Matías Nahuel Conti, integrante de la Policía de la Ciudad, cuya documentación había sido usurpada, aunque el efectivo nunca tuvo vínculo alguno con los hechos ni realizó llamadas a Gómez.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado, redistribuido y ocultado para dificultar su rastreo. Las exigencias no se detenían con los primeros pagos, sino que se renovaban bajo amenazas constantes.
