El Gobierno de Javier Milei anunció este mediodía los resultados de una investigación que permitió desarticular una organización criminal dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, residencia del presidente.
Gómez murió el 16 de diciembre, durante la madrugada, mientras realizaba una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. En aquel momento, la información oficial indicó que el joven se había quitado la vida. Con el avance de la investigación judicial, esa hipótesis fue confirmada, pero el caso incorporó un elemento central: el soldado era víctima de una maniobra de extorsión organizada que lo sometió a una fuerte presión psicológica y económica.
Según explicaron las autoridades, la banda funcionaba como una estructura organizada, con roles definidos y continuidad operativa. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, señaló que Gómez fue uno de los afectados por este esquema, que tenía como víctimas a un número indeterminado de ciudadanos argentinos.
El soldado fallecido.
Desde el Gobierno describieron el entramado como una “pyme del delito” que operaba mediante teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el jefe de Gabienete, Manuel Adorni, afirmó: “Un celular en una cárcel es un arma”.
La extorsión a Gómez
La maniobra que terminó con el desenlace fatal comenzó a través de una aplicación de citas. El grupo delictivo se inició con la creación de un perfil falso en la app “evermatch”, bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Luego aparecía la figura de una supuesta madre alterada y el denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de ser un “degenerado” por haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años.
A partir de ese momento, se activaba el siguiente eslabón: un llamado telefónico de un falso policía de la Ciudad de Buenos Aires que aseguraba haber tomado conocimiento de una denuncia y advertía sobre una causa judicial en curso.
Para evitar consecuencias legales, exigía transferencias de dinero inmediatas. En varios casos, según explicó la jueza Arroyo Salgado, se utilizó la identidad real de Matías Nahuel Conti, integrante de la Policía de la Ciudad, cuya documentación había sido usurpada, aunque el efectivo nunca tuvo vínculo alguno con los hechos ni realizó llamadas a Gómez.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado, redistribuido y ocultado para dificultar su rastreo. Las exigencias no se detenían con los primeros pagos, sino que se renovaban bajo amenazas constantes.
Las autoridades reconstruyeron el impacto de ese mecanismo a partir de una carta que dejó el soldado antes de quitarse la vida. En uno de sus pasajes centrales, Gómez escribió: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”.
Los detenidos.
La carta también contenía anotaciones con cálculos de deudas y referencias a pagos efectuados. Para los investigadores, ese documento reflejó el nivel de presión al que fue sometido el joven granadero.
Los responsables
La investigación permitió identificar a los principales líderes de la banda: un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena.
Los tres dirigían las maniobras desde el interior de las cárceles. Además, se realizaron allanamientos que derivaron en un total de siete detenciones, incluyendo a personas externas encargadas de recibir y mover el dinero.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los penales. Arroyo Salgado explicó que, aunque la ley de ejecución penal solo garantiza el contacto familiar mediante visitas, durante la pandemia se habilitó el uso de celulares a través de un habeas corpus colectivo, una práctica que se mantuvo luego sin controles claros.
Según detalló, esa conectividad permitió a los internos acceder a redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería para organizar delitos.
Los funcionarios coincidieron en que la muerte de Gómez fue el resultado de una maniobra organizada y no un hecho aislado. Adorni sostuvo que no se puede permitir que personas privadas de la libertad sigan delinquiendo desde prisión, mientras que Arroyo Salgado advirtió que la privación de la libertad pierde eficacia cuando existe una “libertad digital” sin controles.
La investigación, señalaron, permitió desarticular la banda, trasladar a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo y bloquear los recursos utilizados para continuar con las extorsiones.
