El municipio formalizó las reglas que permitirán a las plataformas funcionar legalmente luego de años de persecución.
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La Municipalidad de Córdoba puso fin a una larga disputa al reglamentar ayer la ordenanza que legitima la actividad de las aplicaciones de transporte. La medida convierte en operativo el marco legal aprobado meses atrás y da certeza a un servicio que creció pese a los intentos de prohibición. Desde ahora, empresas y choferes deberán inscribirse en un registro digital y cumplir requisitos de habilitación.
El nuevo sistema estará a cargo de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, que administrará el Registro Digital Municipal. Allí deberán registrarse plataformas, propietarios de vehículos y conductores, que quedarán bajo fiscalización permanente. El objetivo es garantizar control, trazabilidad y condiciones de seguridad para todos los viajes dentro de la ciudad.
Las empresas, además, estarán obligadas a informar la actividad diaria de los choferes y sus horarios de conexión. También deberán verificar que cada conductor cuente con los permisos exigidos antes de habilitarlo a operar. La autoridad de aplicación dispondrá de hasta treinta días para otorgar las habilitaciones correspondientes.
Pese a los intentos de prohibición por parte del gremio de taxistas, las apps de transportes ya son legales en Córdoba
Requisitos para conductores y vehículos
Los choferes deberán contar con licencia profesional Clase D1 y presentar certificados de antecedentes nacional y provincial. A esto se suma el comprobante de no estar inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. Cada vehículo habilitado tendrá un código QR visible, que acreditará su autorización municipal.
En cuanto a los autos, deberán superar la Inspección Técnica Vehicular cada seis meses, salvo los 0 km, que tendrán una revisión anual durante los dos primeros años. También se exige una póliza especial de la Superintendencia de Seguros de la Nación, adaptada a servicios digitales de transporte. Con estas condiciones, se busca equiparar controles entre taxis, remises y aplicaciones.
Las empresas tendrán sesenta días para adecuar sus plataformas e integrarse al registro municipal. Los conductores ya inscriptos dispondrán de ciento veinte días para completar la documentación faltante. Una vez cumplido ese plazo, las habilitaciones no regularizadas quedarán sin efecto.
Con esta reglamentación, la ciudad cierra un debate que atravesó tres intendencias y una década de conflictos. La decisión marca el final de la persecución administrativa a los choferes de aplicaciones, que durante años trabajaron en la informalidad. Córdoba se suma así a las ciudades que reconocen la eficacia de un servicio elegido por miles de usuarios cada día.
