Uruguay votará para expropiar las jubilaciones privadas y regular el medio ambiente

La principal preocupación en los mercados uruguayos trata de una reforma constitucional que, de aprobarse, fijaría la edad jubilatoria en 60 años y expropiaría los fondos privados de pensiones.

Se vota el 27 de octubre, en paralelo con las elecciones nacionales. Su posible aprobación ya se refleja en los mercados, que respondieron con una fuerte subida del dólar, el cual trepó a 41,45 pesos uruguayos.

El sector agroexportador de Uruguay históricamente reclamó por el "dólar caro" y el "atraso cambiario" que a lo largo de los años ha enfrentado el país, que es de los más caros de Latinoamérica y el mundo.

A este valor del dólar caro se le agrega también el hecho de que Uruguay es un país muy estatista y con regulaciones muy importantes que hacen difícil emprender y producir.

Paradójicamente, estos reclamos del sector rural agroexportador se cumplieron, pero por motivos completamente distintos. La moneda uruguaya perdió valor respecto al dólar y alcanzó la cifra de 41 pesos luego de que se disparara la incertidumbre en las mesas de dinero que manejan activos vinculados a Uruguay.

En las últimas semanas, algunos inversores han comenzado a desprenderse de sus títulos en pesos uruguayos para "reducir" su exposición a Uruguay, al menos hasta que se despeje el escenario.

Lo cierto es que la aprobación de este plebiscito, que bajaría de 65 a 60 años la edad jubilatoria y la fijaría en la Constitución, significaría una bomba de gasto público y deuda que difícilmente pueda soportar Uruguay, algo muy similar a lo realizado por el gobierno argentino en el año 2008 cuando, Cristina Kirchner estatizó el sistema privado de pensiones.

La medida más inmediata, en caso de que prospere la iniciativa, sería la de elevar al valor de un salario mínimo nacional aquellas jubilaciones y pensiones que se encuentren por debajo de esa franja.

De aprobarse, también existe el riesgo de eventuales juicios que puedan realizar tanto los fondos de pensión como los ahorristas privados, que verán sus ahorros expropiados.

La iniciativa fue impulsada por la central sindical uruguaya, PIT-CNT, y en los papeles no es apoyada por ningún partido político principal, ni el Frente Amplio, ni los Colorados, ni el Partido Nacional de Lacalle Pou están a favor de la misma. Sin embargo, varios sectores del Frente Amplio apoyan el plebiscito "en voz baja" y alientan a sus militantes a votar por el Sí a la reforma.

Según las principales encuestas de opinión pública, la reforma cuenta con un 33% de apoyos entre la población, pero este número no significa mucho ya que, al día de la fecha, se estima que hay casi un 40% de indecisos que aún no saben si votar a favor de la reforma. Para aprobarse, la misma necesita superar el umbral del 50% de los votos afirmativos.

Sin embargo, esta no es la única razón por la cual se deprecia el valor del peso uruguayo. A pesar de la bomba de gasto público y deuda que implicaría la reforma, también preocupa entre inversores con propiedades en Uruguay el avance de las regulaciones ambientales y el lobby verde en el país oriental.

Desde que Lacalle Pou creó el Ministerio de Medio Ambiente en 2020, este ministerio ha logrado, vía regulaciones y prohibiciones, que el país pierda seguridad jurídica e inversiones muy grandes que beneficiarían a su economía.

Especialmente preocupa entre inversores el caso de Punta Ballena, una zona costera histórica de Punta del Este, donde el Ministerio de Ambiente, por ceder ante el lobby ambiental, rechazó un proyecto inmobiliario en zonas privadas que inyectaría alrededor de 400 millones de dólares en la economía uruguaya, lo que significaría ciertamente un boom en las finanzas locales, especialmente en la zona de Punta del Este.

Varios propietarios de terrenos que compraron tierra en zonas exclusivas de Punta del Este, con la esperanza de construir en esas zonas llevando adelante importantes desarrollos inmobiliarios, se ven preocupados por la eventual pérdida en el valor de sus propiedades debido a las incontables trabas que el gobierno uruguayo impone en la construcción de edificios y distintos desarrollos de carácter inmobiliario.

Esto no es concluyente, pero sí indica un claro cambio de paradigma, ya que hace 4 años Uruguay parecía ser el destino ideal para inversiones de cualquier tipo, especialmente para empresarios argentinos desencantados con el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.

Sin embargo, la torta parece estar dándose vuelta, ya que Uruguay pierde su reputación de país modelo día tras día.