La Legislatura iniciará en 2026 el jury que definirá si los tres funcionarios continúan en sus cargos o son destituidos.
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Los tres fiscales denunciados por la familia de Nora Dalmasso enfrentarán un jury de enjuiciamiento en la Legislatura de Córdoba en 2026. La presidenta del órgano, Julieta Rinaldi, confirmó que la decisión fue unánime y que el proceso dará tratamiento formal a los cuestionamientos presentados. Los acusados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la causa desde 2006.
La familia de Nora los responsabilizó por mal desempeño, omisión de deberes y episodios de violencia institucional vinculados a la investigación del crimen. La acusación será encabezada por el actual fiscal General Juan Manuel Delgado, cuyo mandato concluye a fines de marzo de 2026. También participará uno de los fiscales adjuntos para sostener la presentación ante el tribunal legislativo.
Di Santo trabajó en el expediente entre 2006 y 2015, Miralles entre 2015 y 2016, y Pizarro intervino desde 2017 hasta 2022, en la causa del homicidio ocurrido en Río Cuarto. Di Santo acusó primero al pintor Gastón “Perejil” Zárate y luego simultáneamente a Facundo Macarrón, mientras que Miralles apuntó directamente contra el viudo. En esa etapa, el fiscal sostuvo que Marcelo Macarrón viajó en avioneta desde Uruguay para cometer el crimen, retornar del mismo modo y competir después en un torneo de golf.
Nora Dalmasso fue encontrada asesinada el 26 noviembre de 2006 en su casa en Río Cuarto
Prescripción, denuncias y avance del proceso
La familia de Nora calificó de “disparate” esa acusación y Miralles reaccionó con disgusto, lo que derivó en su salida del caso. Pizarro tomó y sostuvo que el crimen fue cometido por sicarios contratados por Macarrón, aunque nunca se identificó a quienes señaló. El expediente llegó a juicio con esa hipótesis pero el fiscal de Cámara Julio Rivero afirmó que faltaban pruebas y el tribunal absolvió por unanimidad al viudo de Nora Dalmasso.
El crimen permanece impune y se encuentra prescripto, por lo que el viudo y sus hijos denunciaron a los fiscales por mal desempeño. La Legislatura abrió recientemente la recepción de pruebas y los funcionarios presentaron sus descargos, aunque ninguno expresó públicamente su posición sobre el avance del proceso. Rinaldi señaló que el jurado resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento, aclarando: “Hay dos posibilidades cuando termine el jury: que sean destituidos o sean declarados inocentes y sigan en sus cargos”.
El tribunal está compuesto por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Walter Gispert y Miguel Nicolás, además de la vocal del TSJ, Aída Tarditti. La familia Macarrón sostiene que los fiscales deben ser destituidos por mal desempeño, omisión de deberes y violencia institucional, lo que podria explicar la falta de cualquier avance. El fiscal Pablo Jávega analizó rastros genéticos del lugar y halló coincidencias con el ADN de Roberto Marcos Bárzola quien realizaba tareas en la vivienda familiar ese día.
Jávega imputó a Bárzola como presunto homicida, pero una cámara del crimen lo sobreseyó por prescripción de la acción penal. Los querellantes apelaron esa resolución y el TSJ de Córdoba deberá determinar si puede revertirse lo que la Justicia consideró un límite impuesto por el paso del tiempo. Mientras el tribunal define su postura, Bárzola permanece en libertad y continúa con su vida sin restricciones judiciales.
