La clínica Vélez Sarsfield fue allanada en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado, que provocó decenas de muertes en el país. El procedimiento fue ordenado ante la sospecha de irregularidades en los registros y en el uso de las ampollas señaladas. Autoridades judiciales buscan determinar la cantidad real de pacientes afectados en la institución cordobesa.
El operativo se inició luego de que se detectara una diferencia entre los casos informados y la cantidad de dosis contaminadas utilizadas. Según la agencia Noticias Argentinas, la clínica reportó solo cuatro casos, pero habría administrado 1693 ampollas contaminadas. Esta situación motivó el secuestro de historias clínicas con indicación de fentanilo para su revisión.
"Secuestraron todas las historias clínicas que tenían indicación de fentanilo", indicó el director de la clínica, el Dr Pereyra Sueldo. Semanas atrás, el establecimiento fue noticia por la intoxicación de un bebé recién nacido con esta sustancia. El caso reavivó el debate sobre la trazabilidad y control de medicamentos de alto riesgo.
Ernesto Kreplak, juez federal
Investigan el alcance real de la crisis sanitaria por fentanilo
El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya son 76 las muertes relacionadas con el fentanilo contaminado y bacterias peligrosas. Entre ellas se encuentran Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas en algunos pacientes afectados por el caso. El magistrado aclaró que estos datos surgen de análisis realizados en diversas jurisdicciones.
Kreplak informó que unas 30 mil ampollas permanecen en hospitales sin ser utilizadas desde la emisión de la alerta sanitaria. Según indicó, “ya no circulan” y se mantienen bajo resguardo para evitar nuevos incidentes graves. Además, sostuvo que la prioridad es confirmar la seguridad del stock remanente.
El magistrado pidió “bajar un poco la espuma” en relación con el temor que generó la noticia. También subrayó la importancia de esperar los resultados de las pericias para conocer el origen de la contaminación. El avance de la investigación será clave para definir eventuales responsabilidades penales.
