La Caja de Jubilaciones de Córdoba cerrará el año 2024 con un déficit de 320 mil millones de pesos, una cifra alarmante que, en dólares a precio del dólar blue, equivale a 282 millones.
Para poner en perspectiva el tamaño del déficit, los ingresos proyectados este año por el impuesto inmobiliario urbano y rural son de 66 mil millones de pesos, lo cual implica que se necesitaría quintuplicar esta recaudación para equilibrar las cuentas. El impuesto automotor, que prevé una recaudación de 40 mil millones, apenas cubriría ocho años de su recaudación para poder hacer frente al déficit.
Medidas de emergencia que lograron reducir el déficit a la mitad
Córdoba carga con un déficit estructural que representa el 38% de su gasto en jubilaciones, a pesar de reformas sustanciales en los últimos 20 años. Durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Juan Schiaretti introdujo medidas de emergencia para paliar el déficit: retrasó 60 días el pago de aumentos para jubilados, implementó un aporte solidario para quienes tienen doble beneficio, cambió el cálculo de haberes basándose en los últimos 10 años en lugar de 4 y redujo la proporción de las pensiones del 75% al 70%.
Estas medidas temporales redujeron el déficit a la mitad, exactamente el monto que debía aportar Nación según acuerdos firmados. Sin embargo, el congelamiento de los fondos nacionales desde 2019 empeoró nuevamente la situación.
En diciembre de 2023, el entonces gobernador Martín Llaryora implementó nuevas medidas para afrontar el déficit, incluyendo un diferimiento escalonado de los aumentos y la creación de un nuevo impuesto para los salarios activos más altos.
Alternativas en discusión y perspectivas a futuro
Actualmente, el 17% de los beneficiarios de la Caja están afectados por un aporte solidario del 20% para aquellos que poseen otros beneficios. Esto ha generado malestar, ya que los aumentos en los haberes de Anses han sido más rápidos que los de Córdoba, resultando en un impacto mayor para los jubilados cordobeses.
Desde el gobierno de Llaryora sostienen que por el momento no habrá más anuncios para reducir el déficit. Entre las alternativas planteadas, evalúan redirigir fondos que hoy van a rentas generales o destinarlos al sistema previsional. También se proyecta levantar el diferimiento de 60 días en los aumentos a medida que la inflación disminuya.
El ejemplo de Santa Fe y reformas adicionales en estudio
Córdoba sigue de cerca el modelo implementado por Santa Fe, que en septiembre introdujo duras reformas. Entre los cambios, Santa Fe eliminó la posibilidad de cobrar doble beneficio en parejas de empleados públicos, estableció un aporte solidario del 2% para quienes ganan más de tres haberes mínimos y elevó los aportes de activos.
Además, se contempla la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria y se establecieron requisitos adicionales para los docentes que deseen jubilarse.
Uno de los puntos más relevantes en discusión en Córdoba es la posibilidad de poner topes a las jubilaciones, siguiendo el modelo santafesino que fijó un límite de 20 haberes mínimos.
En la actualidad, Córdoba permite jubilaciones que alcanzan hasta 32 veces el haber mínimo, y no existen topes para los jubilados del Poder Judicial. En octubre, la Caja provincial abonó un haber de 10 millones de pesos a un magistrado, una cifra que genera debates sobre la sostenibilidad del sistema.
