Córdoba lleva a juicio a una banda que operaba estafas DEBIN desde la cárcel de Bouwer
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una banda acusada de ejecutar estafas mediante transferencias DEBIN.
Son 15 los acusados por integrar una organización que operaba desde el penal y provocó un perjuicio superior a los 4 millones de pesos.
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El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una banda acusada de ejecutar estafas mediante transferencias DEBIN. La organización desarrollaba parte de sus operaciones desde el penal de Bouwer y apuntaba principalmente a comerciantes del rubro de la construcción. El perjuicio total superó los 4 millones de pesos, un monto que evidenció la efectividad del ardid y la coordinación entre los implicados.
La causa involucra a quince acusados que habrían cumplido roles precisos para obtener datos personales y bancarios de las víctimas. Según la acusación fiscal, una parte del grupo recolectaba la información y la remitía a los internos que operaban desde la cárcel. Los imputados llamaban luego a comerciantes fingiendo interés en concretar compras y utilizaban comprobantes falsos para sostener el engaño.
El mecanismo se completaba cuando los damnificados, guiados por los estafadores bajo el pretexto de corregir un error, terminaban aceptando un DEBIN sin advertir su impacto. Este débito inmediato exige autorización expresa y transfiere fondos al instante hacia cuentas vinculadas a otros miembros de la banda. Esa maniobra permitía dispersar el dinero para entorpecer su rastreo posterior por parte de los investigadores.
En cada contacto aseguraban que existía un problema en la transferencia y enviaban capturas de pantallas adulteradas por WhatsApp.
Cómo se articulaba el ardid desde el penal de Bouwer
Los reclusos utilizaban identidades falsas y se comunicaban por teléfono con las víctimas para sostener la ficción comercial. En cada contacto aseguraban que existía un problema en la transferencia y enviaban capturas de pantallas adulteradas por WhatsApp. Esa estrategia inducía a los comerciantes a seguir instrucciones sin verificar los riesgos asociados al débito inmediato.
El análisis fiscal demostró que las comunicaciones se realizaban de forma repetida y con un patrón de actuación uniforme. Los estafadores combinaban datos reales de las víctimas con documentación falsa para generar un clima de confianza apoyado en operaciones simuladas. La maniobra se convertía en efectiva porque el DEBIN opera con rapidez y no ofrece márgenes amplios para revertir la extracción una vez autorizada.
Los peritos reconstruyeron el circuito financiero y detectaron que los fondos se distribuían en varias cuentas antes de ser retirados. Esa mecánica buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y fragmentar la responsabilidad entre distintos integrantes de la organización. La fiscalía consideró esa dispersión como un indicio relevante del carácter profesional de la estructura investigada.
El mecanismo se completaba cuando los damnificados, guiados por los estafadores bajo el pretexto de corregir un error, terminaban aceptando un DEBIN sin advertir su impacto.
Decisión judicial y próximos pasos del proceso
El juez Gustavo Hidalgo desestimó los planteos defensivos que cuestionaban la existencia de pruebas suficientes para sostener la acusación. En su resolución afirmó que existen indicios firmes que justifican la elevación a juicio y que impiden desvincular a los imputados en esta etapa. Además, un acusado fue sobreseído por duda insuperable y otros cinco obtuvieron suspensión de juicio a prueba con reparación económica.
La suspensión del proceso implica que los beneficiados deberán resarcir a las víctimas, someterse a controles y realizar tareas comunitarias. Esa decisión se adoptó en una audiencia previa en la que una de las damnificadas expuso el impacto económico sufrido por el engaño. El tribunal consideró que esas medidas resultan proporcionales a la responsabilidad atribuida a ese grupo específico.
Con la elevación confirmada, la banda enfrentará un juicio en el que se analizarán múltiples episodios de estafas consumadas mediante transferencias DEBIN. El tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de cada imputado y evaluar el grado de participación de quienes operaban desde Bouwer. El proceso promete ser extenso debido a la cantidad de hechos imputados y la complejidad del circuito delictivo documentado.
La organización desarrollaba parte de sus operaciones desde el penal de Bouwer y apuntaba principalmente a comerciantes del rubro de la construcción.
