Las aprehensiones fueron ordenadas tras múltiples allanamientos en el marco de una investigación judicial
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Un total de 14 gendarmes que prestaban servicios en el destacamento de Sampacho fueron detenidos acusados de solicitar sobornos a transportistas. Las detenciones ocurrieron debido a que los efectivos exigían dinero para permitir circular a camioneros pese a tener irregularidades. La causa comenzó en febrero y puso bajo sospecha la conducta de varios integrantes de la fuerza en controles de ruta.
El operativo fue dispuesto por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien ordenó las medidas tras acumularse pruebas sobre las denuncias. La investigación estuvo a cargo del fiscal Rodolfo Cabanillas, que instruyó una serie de procedimientos en distintas localidades. Según se conoció, las acciones incluyeron inspecciones en instalaciones oficiales y en domicilios vinculados a los uniformados.
Durante las últimas horas se realizaron más de veinte allanamientos en el destacamento de Gendarmería de Sampacho y en propiedades particulares.Entre los arrestados se encuentra la jefa de la dependencia, según trascendió en medios locales, lo que aumentó la repercusión del caso. Los gendarmes fueron trasladados a la sede de la Policía Federal en Río Cuarto, donde permanecen alojados.
Entre los arrestados se encuentra la jefa de la dependencia
Investigación en curso y alcances del caso
Además de las detenciones, seis agentes que cumplían funciones en la misma base fueron apartados preventivamente de la institución. La Gendarmería Nacional delegó la pesquisa en la Unidad de Investigaciones Criminales, con el objetivo de determinar las responsabilidades. Voceros oficiales señalaron que se busca establecer si existía una estructura organizada para cobrar sobornos de manera sistemática.
El caso se tornó más relevante por la magnitud de los operativos que incluyeron hasta 25 allanamientos en provincias como Salta, Santa Fe y Catamarca. La amplitud de la pesquisa refleja la seriedad de las sospechas y la posible existencia de vínculos más extensos. La magnitud de la investigación generó expectativa en torno a eventuales sanciones administrativas y judiciales.
La denuncia inicial que dio origen al proceso fue presentada por un particular que se negó a entregar dinero en un control vial. Esa acción derivó en la apertura de una investigación que pronto sumó el testimonio de otros transportistas afectados. Se espera que la investigación avance para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
