La fiscal del caso dictó el cese de hostigamiento y una restricción a favor de los usurpadores. El cantante enfrenta acusaciones de amenazas y ya tiene una condena en suspenso.
La Justicia volvió a involucrar a L-Gante en un conflicto que lo tiene como protagonista por la usurpación de una de sus propiedades. La nefasta fiscal Florencia Toscano dictó una medida cautelar irrisoria que le prohíbe al cantante acercarse a los ocupantes ilegales de la casa y les ordena cesar cualquier tipo de hostigamiento.
Según trascendió, la decisión se basó en la acreditación de los hechos denunciados por los usurpadores. La fiscal sumó como prueba 68 videos del centro de monitoreo que respaldan la versión de los ocupantes. El dictamen apunta directamente a proteger a quienes hoy se apoderaron ilegalmente del inmueble.
La provincia de Buenos Aires es de los bandidos
La cautelar establece que los imputados, entre ellos Elian Ángel Valenzuela, Elías Jorge Cruceño y Aaron del Médico, deben evitar todo contacto con las víctimas y su familia. La prohibición alcanza también a cualquier comunicación por WhatsApp, redes sociales u otros medios tecnológicos.
La locular no termina ahí: además, se les impide acercarse a la vivienda donde actualmente residen los denunciantes. De esta forma, la Justicia privilegió la situación de los ocupantes por sobre el reclamo de propiedad del cantante.
La Justicia le puso una perimetral a L-Gante para que no moleste a los usurpadores de su casa: los detalles
Las acusaciones que pesan sobre el cantante
La causa principal no gira en torno a la usurpación en sí, sino a las amenazas que habrían recibido los ocupantes. Se le imputan amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.
Estos delitos, en concurso real, suman una pena en expectativa de hasta cinco años. La amenaza simple contempla un máximo de dos años y la agravada por arma, de tres. El periodista Pampa Mónaco detalló estos puntos al informar sobre el avance de la investigación.
Desde el entorno judicial se aclaró que el tema de la usurpación corre por un carril separado. La investigación actual se centra exclusivamente en las denuncias de amedrentamiento y amenazas presentadas por quienes se encuentran dentro de la propiedad.
La medida de restricción perimetral busca precisamente evitar nuevos episodios de contacto o intimidación mientras avanza el proceso. La fiscal consideró que existían elementos suficientes para proteger a los denunciantes.
