El inmueble conocido como "la mole" representa uno de los fracasos inmobiliarios más escandalosos de las últimas décadas en la ciudad de Córdoba. La construcción, paralizada hace 14 años, es el centro de una compleja causa penal por presuntas estafas contra numerosos inversores particulares. El conflicto se agravó recientemente tras la difusión de imágenes que mostraban a menores circulando por cornisas sin ningún tipo de protección o medida de seguridad.
La fiscal Celeste Blasco dispuso un operativo integral en el predio ante el peligro inminente que representaba la ocupación ilegal de la torre abandonada. Durante el procedimiento policial se constató la presencia de 24 personas que pernoctaban en el lugar, quienes fueron retiradas bajo estricto cumplimiento de la orden judicial. Detrás de esta situación de marginalidad subyacen problemáticas de delincuencia y consumo que preocupaban a los vecinos de barrio Observatorio.
El proyecto original fue frenado inicialmente por la Municipalidad debido a que la obra superaba en 7 metros la altura máxima permitida por la normativa. Esta violación al Código de Edificación, sumada a un proceso de quiebra que hoy tramita en los tribunales locales, selló el destino de la estructura. La existencia de un fideicomiso fallido ha impedido durante más de una década que los legítimos compradores puedan recuperar sus activos o finalizar la obra.
Durante un procedimiento policial se constató la presencia de 24 personas que pernoctaban en el lugar
El futuro de la estructura bajo la órbita concursal
El expediente judicial se encuentra actualmente a cargo del juez de quiebras Eduardo Chiavassa, quien tiene la responsabilidad de definir el destino final del edificio. Las alternativas que baraja la justicia incluyen la posibilidad de que un privado asuma el proyecto o se proceda a la demolición total de la obra. La inseguridad jurídica generada por la quiebra de la constructora original mantiene este activo inmobiliario en un estado de parálisis técnica absoluta.
El operativo permitió relevar las diversas situaciones de vulnerabilidad, brindándose puntualmente un alojamiento discreto a quienes aceptaron la colaboración estatal tras el desalojo. Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, remarcó que las fuerzas municipales y policiales no pueden actuar en estas propiedades privadas sin autorización judicial expresa. La falta de una sentencia firme sobre la propiedad del inmueble facilitó que el edificio se convirtiera en un foco de conflictos sociales crónicos.
Muchos de los ocupantes que fueron retirados del lugar manifestaron padecer la ruptura de vínculos familiares o la falta de oportunidades laborales estables. Se detectaron perfiles de varones adultos, como un hombre de 53 años, y casos vinculados a patologías de salud mental que requieren un seguimiento por fuera del ámbito policial. El relevamiento detallado de estas 24 personas será remitido al juzgado interviniente para que se incorpore al historial de la causa por ocupación ilegal.
Según autoridades, las fuerzas municipales y policiales no pueden actuar en estas propiedades privadas sin autorización judicial expresa
Historia de irregularidades técnicas y estafas penales
Los inversores afectados por las presuntas estafas siguen de cerca los movimientos en el predio, esperando una resolución que contemple el resarcimiento de sus inversiones. La torre se erige como un monumento a la falta de controles y a la inseguridad en los contratos de fideicomiso que proliferaron hace una década. Cada piso construido por fuera de la ley representa un obstáculo legal para cualquier intento de saneamiento o reactivación comercial de la fallida edificación.
El municipio ya había intentado inspeccionar el sector el año pasado, pero la inviolabilidad de la propiedad privada impidió el ingreso de los inspectores de obras. La intervención de la fiscalía fue el detonante necesario para romper la inacción municipal y proceder al desalojo de los intrusos que ponían en riesgo la zona. Las autoridades locales informaron que se mantendrá una vigilancia perimetral para evitar que el inmueble sea vandalizado o vuelto a ocupar por grupos delictivos.
La resolución definitiva sobre si "la mole" será convertida en escombros o finalizada bajo nuevas pautas técnicas depende exclusivamente del avance del proceso de quiebra. Los damnificados por las estafas inmobiliarias exigen que la justicia acelere los tiempos para cerrar un capítulo que afecta la fisonomía urbana de la capital. Mientras tanto, el edificio permanece como un recordatorio de los constantes riesgos asociados a proyectos privados que se encuentran siempre a merced del exceso de burocracia municipal.
